El lector expone

Menores en las costas andaluzas

Tras la llegada del buque de rescate Open Arms a las costas andaluzas, las críticas de la Junta de Andalucía hacia Pedro Sánchez y su gestión del problema de la inmigración se han endurecido. La cuestión principal recriminada por el equipo de Susana Díaz se centra en la presencia de menores no acompañados, cuyo porcentaje parece aumentar cada día más, y en la falta de toma de responsabilidad por parte de las demás comunidades autónomas. ¿Es correcto que Andalucía, por ser la comunidad con el mayor índice de llegadas de menores, se enfrente sola a dicha avalancha diaria?

Ante todo, está claro que el sistema de protección del Gobierno andaluz no puede abarcar el gran número de niños que se le presenta y, en segundo lugar, no hay razones que justifiquen la atención solamente por parte de esta comunidad. De hecho, en la Conferencia Sectorial de Inmigración, celebrada en Madrid hace algunos días, las comunidades autónomas intentaron encontrar respuestas al problema que afecta al sur del país, pero sólo Asturias y Extremadura se declararon dispuestas a asumir la tutela de los niños de otras autonomías.

En conclusión, extraña bastante que el nuevo Gobierno español, encabezado por un presidente perteneciente al PSOE, aún no haya puesto en marcha medidas que permitan la repartición de los menores entre las comunidades, sin dejar que Andalucía pague el pato ella sola por un problema que debería –en teoría– despertar la solidaridad de todos.

AGNESSE DOTTO

Génova (Italia)