El Govern ofreció puertos de llegada pese a requerir permiso del Estado
La Generalitat, a través de un comunicado, indicó ayer por la mañana, antes de que trascendiera el acuerdo continental para la acogida del Aquarius, que el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, se había puesto en contacto con la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, para formalizar el ofrecimiento de los puertos de Palamós, Vilanova i la Geltrú y Sant Carles de la Ràpita, sobre los que la Generalitat tiene competencias, para recibir el barco con inmigrantes. Según el Govern, “reúnen el calado y la línea de amarres idóneos para que pueda atracar un barco de estas características”. A las once de la mañana, el president Quim Torra lo anunciaba en su cuenta de Twitter.
El ofrecimiento de la Generalitat, que luego se recondujo convertido en una oferta para acoger a los inmigrantes rescatados, en primer término planteaba un conflicto con el Gobierno, toda vez que las competencias de la Generalitat para gestionar puertos no pueden suplantar las del Gobierno central en materia de extranjería e inmigración.
Para empezar, aunque una vez en aguas españolas la Generalitat pueda dar permiso para el atraque, la entrada del barco Aquarius, de bandera gibraltareña, en aguas territoriales requería autorización de la capitanía general, dependiente del Ministerio de Fomento. Por otra parte, desembarcar en territorio español a ciudadanos extranjeros sin visado es competencia del Ministerio del Interior, así que de no haberse producido el acuerdo continental, podía haberse dado un conflicto de competencias que se ha quedado en un brindis al sol, pues la Generalitat, si bien tuvo la cautela de dirigir a la Delegación de Gobierno, aseguraba que los haría desembarcar “con todas las garantías”. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, señalaba, anticipando el conflicto, que el Estado, a través de Salvamento Marítimo, debía dar el permiso de acogida por razones humanitarias: “No está en discusión el hecho de acoger náufragos, estas personas deben poder venir a Catalunya, con el permiso del Estado, porque la acogida está regulada por la protección internacional y tiene un recorrido legal”.
La otra duda que pesaba sobre esa oferta era la posibilidad física de llevarse a cabo. Aunque la Generalitat aseguraba que los tres enclaves ofrecidos reunían características para acoger el Aquarius, porque “reúnen el calado y la línea de amarres idóneos para que pueda atracar un barco de estas características”, se trata de un barco de casi 80 metros de eslora, lo que dificultaría la maniobra de atraque en puertos tan pequeños, en los que habitualmente no amarran barcos de estas dimensiones.
La oferta de la Generalitat, en todo caso, se sumaba a la que ya había hecho el Ayuntamiento de Barcelona, si bien esta se trataba de un mero posicionamiento político de ofrecimiento al Gobierno central, toda vez la ciudad carece de competencias sobre el puerto.