Un juzgado investiga un presunto delito de lesiones imprudentes en Vigo
El número de heridos en O Marisquiño asciende a 442 personas, 6 hospitalizadas
La cifra total de heridos en el accidente del festival O Marisquiño de Vigo de la medianoche del domingo ascendió ayer a 442, frente a los 377 que había el lunes, según informó la Xunta de Galicia. Por la tarde permanecían ingresadas en los hospitales seis personas, después de que otras dos hubiesen recibido el alta a lo largo de la jornada y sin que se haya producido ninguna víctima mortal. Entre tanto, la juez Marisol López investiga el caso como un presunto delito de lesiones imprudentes, mientras arrecia la polémica política entre la Xunta, del PP, y el Ayuntamiento vigués, del PSOE. El Gobierno gallego asegura que, pese a que no le consta que hubiese el preceptivo plan de seguridad, el Consistorio autorizó su celebración. El alcalde, Abel Caballero, replica que todas las administraciones avalaron la organización de O Marisquiño en una junta de seguridad.
Desde unas horas después del accidente, cuando con la ayuda de los afectados y otros espectadores los servicios de emergencia acabaron su labor, el número de heridos no ha parado de registrar una progresión considerable. Así, al final de la tarde del lunes la Xunta daba la cifra de 377, con 7 hospitalizados, que 24 horas después pasó a ser de 442 personas atendidas y 6 ingresadas en centros sanitarios, una de ellas en la unidad de cuidados
La Xunta, del PP, culpa al Ayuntamiento, del PSOE, por haber autorizado el acto en un lugar no idóneo
intensivos, tras haberse producido dos altas por este siniestro que se produjo cuando se hundió parte del paseo marítimo vigués.
El aumento de la cantidad de lesionados, desde los alrededor de tres centenares que había el lunes por la mañana, parece deberse a la combinación de varios factores. Hubo jóvenes que tenían daños de escasa importancia y que en un primer momento evitaron acudir a los hospitales, para no colapsarlos y contribuir a que se atendiesen los casos más graves. Y también se perciben los efectos de los llamamientos de las organizaciones de consumidores y las recomendaciones de los abogados para que los involucrados dispongan de un parte de lesiones, al objeto de tener derecho a una indemnización y poder personarse en la causa judicial.
Precisamente el juzgado de instrucción número 3 de Vigo abrirá una pieza separada para cada uno de los perjudicados, a fin de garantizar “una mejor y más ágil tramitación de la causa”, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se trata de una técnica que ya se usó en el accidente de Angrois, instrucción que, sin embargo, acumula ya más de cinco años de duración sin fecha del juicio a la vista.
Además, la juez encargó las primeras indagaciones, para lo que demanda la documentación del caso a la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, en especial la del plan de seguridad, y encargará informes periciales. Esos estudios están llamados a adquirir una gran relevancia política, a unos meses de las elecciones municipales, en medio de la disputa cada vez más agria que mantienen el PP, desde la Xunta y el puerto, y el PSOE, desde el Ayuntamiento vigués y apoyado por el Gobierno central.
Mientras prosigue la disputa entre el presidente de la Autoridad Portuaria, el popular Henrique López Veiga, y el alcalde, el socialista Abel Caballero, sobre a qué administración correspondía el cuidado de los deteriorados tablones que se hundieron cuando empezaba el concierto del rapero Rels B, ayer emergió el otro campo de batalla, el del plan de seguridad. Elena Muñoz, portavoz municipal del PP, sostiene que si no se acredita el cumplimiento de la legislación, incluyendo una prueba de carga en el muelle, el alcalde debería dimitir. En esa línea, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que lo esencial es “si se podía autorizar un evento como el del domingo en la zona en la que tuvo lugar”. En cambio, el alcalde asegura que todas las administraciones avalaron el festival en una junta especial de seguridad de julio y asegura que respetó la normativa.