Venezuela, asunto interno
El presidente insiste en que la crisis migratoria del país caribeño debe tener una solución regional
La crisis migratoria de Venezuela fue el principal punto de la agenda entre Pedro Sánchez y el presidente de Colombia, Iván Duque, puesto que este país ya ha recibido más de un millón de desplazados que huyen de la miseria y del régimen de Nicolás Maduro. Ambos se mostraron de acuerdo en que la solución debe ser implicar a los organismos internacionales. Por eso, se congratularon de que la Comisión Europea aprobara ayer la constitución de un fondo de 35 millones de euros para Venezuela y los países afectados por esta oleada migratoria, sobre todo Colombia, que permita hacer frente a las urgencias de esta crisis humanitaria.
Respecto al régimen de Maduro, Duque se mostró muy duro, como ya ocurrió con el chileno Sebastián Piñera, ya que ambos pertenecen a la derecha. Duque tildó al gobierno venezolano de “dictadura oprobiosa”. Sánchez volvió a practicar cierto equilibrismo, como ya hizo en Chile y afirmó de Venezuela que “no se puede llamar democracia a un sistema que tiene presos políticos”. E insistió en que son los venezolanos los que tienen que resolver entre ellos esta crisis.
Fuentes del Gobierno español explican que la mediación en la que intervino José Luis Rodríguez Zapatero, que en un principio favoreció la liberación de algunos presos políticos en Venezuela, ha quedado en vía muerta. No se atisba ninguna solución. Los países de América Latina más beligerantes reunidos en el Grupo de Lima –entre los que figuran Chile y Colombia– critican la falta de libertades y la crisis humanitaria del régimen de Maduro.
El otro asunto relevante del encuentro entre los dos presidentes fue el proceso de paz en Colombia. El Gobierno español se ofrece al colombiano para “acompañar” en un eventual diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que no se ha avenido suscribir los acuerdos de paz pese a las numerosas rondas negociadoras que mantuvieron durante 17 meses con el anterior Ejecutivo de Juan Manuel Santos. El nuevo presidente, Iván Duque, que no lleva ni un mes en el cargo, ganó las elecciones con la promesa de modificar los acuerdos alcanzados por su antecesor con las FARC, que considera demasiado condescendientes con la guerrilla, y se dio el plazo de 30 días para decidir si abría negociaciones con el ELN. En ese plazo, que expira el 7 de septiembre, el ELN debería renunciar a la violencia y, sobre todo, liberar a los secuestrados, para permitir la apertura de negociaciones, según dijo ayer Duque.
El Gobierno español se ha ofrecido como país “facilitador” de una negociación entre el Ejecutivo colombiano y el ELN, incluso como sede de las conversaciones, lo que agradeció Duque. El papel de España es muy limitado. En los últimos años, durante el mandato de Mariano Rajoy, Madrid no participó ni en los grupos de apoyo ni de acompañamiento de las negociaciones de paz. Sí lo había hecho en las rondas anteriores.