Sin república y sin autonomía
Lola García publica ‘El naufragio’, la crónica del ‘procés’
“Sin república y sin autonomía” es un fragmento de uno de los capítulos de El Naufragio, la deconstrucción del sueño independentista que ha escrito Lola García. Se trata de una crónica periodística que describe con minuciosidad los acontecimientos que empiezan en el 2012 cuando el entonces president Artur Mas decide asumir el proyecto independentista y que concluyen en octubre del 2017 cuando se produce la fallida declaración de independencia en el Parlament de Catalunya. Lo que hoy ya conocemos como el procés es diseccionado por la directora adjunta de La Vanguardia en un trabajo que aporta datos poco conocidos y elementos clave para entender un conflicto político que ha sacudido el tablero de la política catalana y española
Las primeras horas de la recién estrenada república son desconcertantes.
Mientras los dirigentes independentistas celebran con contención en el Parlament la proclamación de la independencia, en Madrid se ha aprobado la aplicación del artículo 155 después de seis horas de debate en el Senado. Una medida inédita en la democracia española que recibe 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. La respaldan el PP, el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. Lo aprobado incluye el cese del presidente de la Generalitat y de su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlament, la intervención de la administración catalana, incluyendo los Mossos d’Esquadra, y la convocatoria de elecciones en un plazo de seis meses. El diputado del PSC José Zaragoza ha convencido al PSOE para que no apoyara la intervención de los medios de comunicación públicos catalanes, a pesar de ser muy crítico con ellos. El expresidente de la Generalitat José Montilla se ha ausentado del pleno para no votar esa medida por considerarlo incompatible con el cargo que había ostentado. La sesión ha sido tensa, marcada por las noticias que iban llegando desde Barcelona. La oposición al 155 se ha ceñido a Unidos Podemos, ERC, el PNV y el PDECat.
Pasadas las cinco y media de la tarde, llega al Palau de la Generalitat el burofax del Senado informando del acuerdo. La aprobación del texto en la Cámara Alta es un paso preceptivo, pero no supone su aplicación inmediata. Está convocado un Consejo de Ministros para esta misma tarde que le dé la luz verde definitiva. A las 20.25 horas, Rajoy comparece ante los periodistas para dar cuenta de los cinco decretos aprobados con los que se pone en marcha la intervención de la Generalitat. En ellos se cesa al presidente de la Generalitat y a todos sus consellers, se disuelve el Diplocat y las delegaciones en el extranjero. También se pone a los Mossos bajo control del Ministerio del Interior y se releva al mayor Trapero. La proclamación de la independencia ha durado apenas cinco horas.
Ya no hay república. Ni tampoco autonomía.
Pero el anuncio más sorpresivo de Rajoy es la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. No se agota el plazo de los seis meses aprobado en el Senado. El presidente del Gobierno ha acordado con Rivera y Sánchez que lo mejor es recuperar la normalidad cuanto antes y que la intervención dure lo menos posible. Por eso, se convocan elecciones para un día después de la fecha que había elegido Puigdemont y que finalmente desestimó. Y habría sido el mismo día si no fuera porque se tienen que cumplir los plazos preceptivos. En Barcelona nadie se espera que las elecciones sean tan pronto. De repente, los partidos independentistas tienen que decidir si se presentan a unos comicios convocados por el presidente del Gobierno español o si se arriesgan a quedar fuera de las instituciones catalanas durante cuatro años en caso de no acudir a la cita.
Pero ese punto no se pondrá sobre la mesa hasta el día siguiente. En esta noche del 27 de octubre del 2017 están reunidos el president, la mayoría de sus consellers y algunos miembros del Estado Mayor en el Palau de la Generalitat sin saber muy bien qué hacer. Acaban de llegar procedentes del Parlament, donde ha tenido lugar la intensa jornada que ha culminado en la declaración de independencia. Cunde el pánico ante la posibilidad de que vayan a ser arrestados todos en cualquier momento. El conseller Joaquim Forn se abraza a algunos de sus colegas, casi a modo de despedida. Xavier Vendrell les recomienda que no se les ocurra ir a sus casas porque serán arrestados. Organiza todo un dispositivo, con voluntarios, que acuden en sus coches a buscar a los miembros del Gobierno catalán para llevarlos al sur de Francia, donde pasarán la noche, unos en un hotel y otros en viviendas de los mismos particulares que cooperaron en la logística del referéndum. Vendrell hace lo mismo con los miembros de la Mesa del Parlament. La mayoría de los consellers sigue sus consejos, aunque no todos. Los integrantes de la Mesa de la Cámara tampoco se suman a la huida. Según la narración de uno de los consellers, se le condujo a una casa particular en una pequeña población cercana a Prada de Conflent. Le recibió una pareja que, sin mediar demasiadas palabras, le ofreció una habitación, toallas y le preguntaron qué querría desayunar al día siguiente.
Cataluña se despierta el sábado, 28 de octubre, inmersa en una gran resaca después de los trepidantes y emotivos sucesos del día anterior. Transcurren algunas horas de la mañana y parece como si nada hubiera ocurrido. Ningún miembro del Gobierno catalán da señales de vida. Han apagado los móviles. Junqueras ha decidido pasar el fin de semana con la familia en una casa rural. En TV3 no saben qué explicar a sus espectadores, así que el entorno de Puigdemont acaba preparando una comparecencia suya para que se emita a las 14.30 horas en la televisión pública catalana. Pero mientras se está transmitiendo esa declaración institucional, la cadena de televisión La Sexta conecta con un restaurante de Girona porque ha pillado allí al ya expresident comiendo con unos amigos. La declaración había sido grabada un rato antes en esa ciudad de forma un tanto improvisada, ante un atril con el emblema de la Generalitat y junto a las banderas catalana y europea, y es emitida en diferido, mientras Puigdemont almuerza en la céntrica Plaça del Vi un menú de anchoas, tortilla, embutidos, arroz y postres, regado con vino. Está acompañado de unos amigos. Uno de ellos es Jami Matamala.
En su declaración grabada, no se da por cesado y pide a los catalanes “paciencia, perseverancia y perspectiva”. Asimismo, llama a ejercer “una oposición democrática a la aplicación del artículo 155” e insiste en que deben respetarse las manifestaciones de rechazo a la declaración de independencia y, en todo momento, mantener el civismo. No hace referencia a la república recién proclamada. La declaración, lejos de aclarar nada, provoca aún más desorientación, también entre los seguidores independentistas, que no saben muy bien a qué atenerse. Es una muestra evidente de que nada hay preparado para el día siguiente a la proclamación de independencia. Finalizado su almuerzo, Puigdemont se da un paseo por Girona, inmersa en las fiestas de Sant Narcís, junto a su esposa. Por las calles es vitoreado por muchos de sus vecinos.
El Estado Mayor se traslada a una casa rural de Vilaür, en el Alt Empordà, y convoca a una reunión urgente. Entre los asistentes figuran Oriol Soler, Marta Rovira, el dirigente de ERC Sergi Sabrià, David Bonvehí, y representantes de las entidades soberanistas, Agustí Alcoberro por la ANC y Marcel Mauri y Jordi Bosch por Òmnium. Por allí se pasa también en algún momento el propio Puigdemont. Es perentorio recomponer la estrategia y lanzar un mensaje claro a la población. Las claves que se ponen sobre la mesa son la decisión de consellers y altos cargos de regresar el lunes a sus puestos desobedeciendo así el artículo 155, la movilización en la calle “en defensa de las instituciones” y las órdenes que puedan trasladarse por parte del Gobierno central a los Mossos y al resto de los cuerpos de seguridad del Estado. También se vuelve a hablar de la posibilidad del exilio. Pero la única decisión que se toma en firme es que el lunes todos los consellers deben estar en sus departamentos, como si fuera un día normal. Algunos siguen cerca de Prada de Conflent, sin saber qué es lo que se está decidiendo en su nombre. Cuando se les traslada el resultado de la reunión, Rull retorna a Cataluña y el domingo se deja ver en un acto en Sant Cugat. También Turull y Romeva deciden regresar. Puigdemont se va a su casa.
El domingo, el ya expresident almuerza en su domicilio con algunos amigos y dirigentes políticos, entre ellos Turull (que ha dejado el equipaje en su refugio del sur de Francia), Romeva y Marta Rovira. La sobremesa discurre viendo el partido entre el Girona y el Real Madrid, que acaba con victoria para el equipo de Puigdemont (2-1). Se había especulado sobre si él mismo se presentaría en el palco del Girona, pero finalmente lo sigue desde su casa. Se despiden emplazándose para el día siguiente. El plan es acudir al puesto de trabajo para combatir así con su presencia la destitución decretada por el 155.
La mañana del día 30, lunes, el expresident envía un tuit del cielo de Barcelona fotografiado desde el Pati dels Tarongers, con sus gárgolas rompiendo la bóveda azul. En ese mismo espacio le esperan las cámaras de TV3 para inmortalizar el nuevo desafío a la legalidad española que supone la presencia del president destituido en el Palau de la Generalitat. Pero no aparece nadie. Y pronto se descubre que la fo-
to tuiteada es de otro día. De hecho, ningún conseller aparece por sus despachos. Excepto Rull. El conseller de Territorio cesado se presenta en su departamento, se sienta a su mesa de trabajo y simula que consulta algo en el ordenador para enviar a las redes sociales unas fotos de supuesta normalidad. Turull y Romeva han quedado en un bar cercano al Palau de la Generalitat para entrar juntos. Mientras toman un café, reciben la llamada de Josep Rius, jefe de gabinete de Presidencia, que les comunica que Puigdemont no va a acudir al Palau. El expresident está en Bélgica. Los dos se quedan perplejos. No se lo esperaban.
Cuando Puigdemont decide viajar a Bruselas, algunos consellers le siguen. En ningún momento explica a Junqueras que ha tomado la decisión expresa de marcharse a Bélgica. Aunque esta posibilidad se había abordado en varias reuniones, en el instante crítico el president no telefonea a su número dos en el Gobierno para informarle de que va a dar ese paso. Le siguen hasta allí varios consellers, pero algunos regresan unos días después tras realizar consultas con compañeros de partido, abogados y con sus familias. Finalmente, se quedan con él como refugiados Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.
En Madrid se pone en marcha la maquinaria judicial para la inmediata presentación de una querella por parte de la Fiscalía General del Estado contra el Gobierno catalán por rebelión y malversación. A partir de este momento, la política ya ha perdido su oportunidad. Los jueces toman la palabra y lo hacen con dureza, decretando el encarcelamiento provisional de la mayoría de los líderes del independentismo por considerar que existe riesgo de reincidencia y de fuga. Si lo ocurrido en Cataluña es un desafío al Estado, uno de los poderes de ese Estado, el judicial, se ha sentido directamente concernido y opta por la máxima acusación, la de rebelión, penado con hasta 30 años de prisión. La rebelión implica un delito contra la Constitución con el fin de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” que requiere el “alzamiento con violencia”. Arrecian las discusiones entre juristas y en el seno de la sociedad catalana sobre si hubo o no ese “alzamiento con violencia” que el juez Llarena ve en los sucesos acaecidos en septiembre ante la Consejería de Economía y en los que buena parte de la población sólo aprecia una protesta en la que, si acaso, pueden concurrir “desórdenes públicos”. El asalto al Congreso por parte del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en 1981, al que el juez hace referencia implícita en uno de sus autos, se saldó con una condena para el golpista de 30 años por rebelión militar. Tejero permaneció 13 años en la cárcel.
Las elecciones convocadas por Rajoy con la intención de devolver la normalidad institucional a Cataluña van a chocar con las actuaciones judiciales, que despiertan rechazo no sólo entre los independentistas, sino entre otros muchos ciudadanos que intuyen que se pretende un castigo ejemplarizante por encima de la mera misión de impartir justicia. La visión de las furgonetas de la Guardia Civil conduciendo a los consellers a la prisión golpea a muchos catalanes. Es un elemento que ahonda el enfrentamiento de una sociedad ya fracturada. “Tengo sentimiento de culpa”, se confiesa Homs ante sus compañeros en una ejecutiva del PDECat. El exconseller sabe que fue uno de los impulsores de un proceso que ha acabado con los líderes catalanes en la cárcel. En un Consejo de Ministros, la ministra Dolors Montserrat no puede contener las lágrimas mientras explica a sus colegas de gabinete que en su pueblo, Sant Sadurní d’Anoia, quieren declararla persona non grata. La tirantez y la angustia se perciben en muchas conversaciones, mientras se intenta desarrollar una campaña electoral que no puede ser normal.
El independentismo exhibe con una mezcla de orgullo y rabia contenida el lazo amarillo para reclamar la libertad de los presos, pero quienes no comparten el objetivo de la separación ya no permanecen callados como antes. La división se manifiesta sin ambages. Y, en medio, una parte de la sociedad catalana que no ha compartido las decisiones de Mas y Puigdemont de los últimos años se pone en guardia ante la tentación de que el Gobierno central aproveche la situación para rebajar de forma definitiva el autogobierno catalán y para humillar a sus dirigentes políticos. En realidad, aunque se tienda a simplificar la división política en Cataluña entre favorables y detractores de la independencia, la paleta de matices es mucho más rica, como lo demuestra la composición de un Parlament muy atomizado.
El resultado electoral del 21 de diciembre es un revés para Rajoy. Con una participación extraordinaria del 79 %, la primera fuerza política es Ciudadanos, pero la suma del independentismo la supera en número de escaños. Y el resultado del partido que gobierna en España, el PP, roza el ridículo. El cuadro es desalentador para Rajoy. Las elecciones no han sido la solución mágica, rápida e indolora que esperaba el presidente. El conflicto persiste. Como en el cuento de Augusto Monterroso, “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. El porcentaje de voto independentista no ha crecido, pero tampoco se ha hundido: alcanzó el 47,8 % en las elecciones del 27-S y se ha quedado en el 47,49 en este 21-D.
Las elecciones arrojan un resultado espectacular para Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña. Justo once años atrás, Albert Rivera daba la sorpresa y entraba en el Parlament con tres diputados. En sólo once años se ha multiplicado su representación hasta llegar a los 36 escaños. Ciutadans es la primera fuerza política en Cataluña. Su éxito consiste en aglutinar a todo el espectro de votantes contrario a la independencia por encima de cualquier otra consideración ideológica. Mientras la posible secesión no se vio como una vía factible, ese voto se dispersó entre diferentes opciones en función de las sensibilidades hacia la izquierda o la derecha, pero ante el avance del proceso independentista, el polo contrario empezó a engrosar las filas de Ciutadans, una formación que nació para enfrentarse sin complejos y frontalmente al nacionalismo catalán.
En su irrefrenable ascenso, Ciutadans deja reducido a la mínima expresión al PP. La casi extinción en Cataluña del partido que gobierna España debería inducir a una reflexión entre los dirigentes conservadores. El PP catalán ha sido siempre una formación sujeta a los intereses de la sede central de Génova en Madrid. Durante muchos años se atribuyó su escasa implantación en Cataluña a la presencia de una formación muy potente de centroderecha como CiU. Pero en plena decadencia de la antigua Convergència, el PP ha profundizado su declive y se ha quedado con cuatro diputados. Es la última fuerza política en el Parlament. Su desconexión con la realidad catalana es total. Es este un elemento clave para analizar la crisis territorial española, ya que los dos grandes partidos que se han turnado en la Moncloa durante las últimas décadas cuentan con un apoyo minoritario en el Parlament.
Pero el proceso independentista no sólo ha propulsado a Ciudadanos en Cataluña, sino también en toda España. Si Rajoy pensó que la recuperación económica después de casi una década de profunda crisis le sería recompensada, se equivocó. Ciudadanos le ha arrebatado el estandarte de la regeneración política, algo sencillo teniendo en cuenta el reguero de dirigentes acusados de corrupción que mantiene el PP, y el de la unidad de España, una seña de identidad que los populares creían poseer en exclusiva. El proceso independentista ha propiciado un despertar del nacionalismo español que se refleja en la multitud de banderas rojigualdas que decoran los balcones de las principales capitales (se reacciona a la profusión de estelades en Cataluña con una respuesta mimética a la que se quiere denostar). Ciudadanos se dispone a asaltar la Moncloa enarbolando un nuevo patriotismo español desacomplejado.
En estas elecciones del 21-D, el PSC también sufre una decepción. Logra un ligero ascenso, pero esperaba más. Se queda en 17 diputados. Los socialistas catalanes se han estabilizado después de varios años de caída, pero en una campaña tan polarizada, una posición contraria a la independencia pero matizada como la de Iceta despierta suspicacias entre quienes desean dejar claro su rechazo a la secesión. Algo similar les ocurre a los comunes, que mantienen sus ocho escaños. Su ambigüedad entre los dos polos sólo ha convencido a los más fieles. Puesto que los diputados de Colau no están dispuestos a sumarse a un bloque constitucionalista en el que figuren Ciutadans y el PP, la posibilidad de un Gobierno no independentista está vetada.
La sorpresa se ha producido en el lado del independentismo, donde Puigdemont ha provocado un terremoto. El expresident, que había insistido en público y en privado durante casi dos años en que no se presentaría a unas elecciones, ha cambiado de idea para estupor de su propio partido. De hecho, ha despreciado al PDECat y lo ha obligado a aceptar una lista con un nuevo nombre, Junts per Catalunya, integrada en buena parte por personas de su confianza, sin tener en cuenta la opinión del partido. Puigdemont, desde Bélgica, tiene la intención de plantar cara al Estado español. El primer asalto no le ha salido mal. Con el potente mensaje de reclamar al pueblo que le restituya en el puesto que Rajoy le ha arrebatado, Puigdemont ha logrado 34 escaños, dos más que ERC. Sumados a los cuatro de la CUP son
70. La mayoría absoluta en el Parlament son
68. En el otro bloque, como hemos visto, la suma se queda en 57, puesto que si sumamos a los comunes, con ocho diputados, son 65, pero estos no desean abonarse a uno ni a otro bando.
La estrategia de Puigdemont es poner contra las cuerdas al Estado, acentuar las contradicciones de la democracia española, y ganarse la simpatía de la opinión pública europea. Es su salvoconducto para evitar un negro desenlace judicial. Mientras mantenga la atención internacional y el respaldo de una buena parte del Parlament, cree que podrá sostener la batalla. Y, de hecho, el expresident coloca a la justicia en una situación complicada cuando somete sus decisiones, como la acusación de rebelión y malversación del Tribunal Supremo, al escrutinio de otras autoridades judiciales europeas. La argucia de Puigdemont pone en evidencia además una contradicción intrínseca de un sistema político que permite a los partidos presentarse a las elecciones con un programa que propone la independencia sin que se hayan determinado las reglas de juego por las cuales se podría alcanzar ese objetivo.
Imposible vaticinar qué ocurrirá en el futuro. Para que surja una propuesta que permita engarzar un acuerdo, será preciso que todas las partes asuman primero una sincera autocrítica, algo que aún está lejos de suceder. Y no son pocos los errores cometidos en los últimos años.
Algunos han aflorado a lo largo de estas páginas.
“En ningún momento Puigdemont explica a Junqueras que ha tomado la decisión de marcharse a Bélgica”
“‘Tengo sentimiento de culpa’, confiesa Quico Homs a sus compañeros en una ejecutiva del PDECat”