Escarmiento supremo
Ignacio Sánchez-Cuenca escribe: “Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido”.
La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.
Sin embargo, el fenómeno de la indiferencia ante la verdad se percibe también en las altas esferas, en el ejercicio del poder; es una constante a lo largo de la historia política. Uno de los ejemplos más puros de posverdad en tiempos recientes fue la decisión de EE.UU. de atacar Irak. La administración de George W.
Bush se encerró en su caparazón, eliminando cualquier fuente de información que no fuera a favor de sus planes. Fallaron los mecanismos internos de control y se actuó con desprecio de la realidad: no había evidencia de las famosas armas de destrucción masiva ni un plan mínimamente consistente para la reconstrucción del país. El resultado fue catastrófico: Irak sucumbió a una espantosa guerra civil de la que surgió la insurgencia del EI.
La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad. Las razones de esa cerrazón son muy variadas, del sectarismo ideológico al espíritu corporativo, en el que la confianza no trasciende los límites de un cuerpo profesional.
En estos momentos, la posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro Tribunal Supremo y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes políticos del movimiento independentista catalán. Tratar de encajar las conductas del “otoño caliente” del 2017 en el tipo penal de rebelión es contrario a la lógica, el sentido común y el propio derecho español. La estrategia seguida en la instrucción del caso supone una degradación profunda de nuestro sistema legal: pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo los prejuicios ideológicos y políticos se imponen sobre una consideración racional e imparcial de los hechos.
El Tribunal Supremo se ha metido en su propia burbuja epistémica. El tipo penal de la rebelión requiere un “alzamiento violento y público”. Para poder hablar de rebelión en el caso catalán, hay que deslizarse por una pendiente que termine asimilando los sucesos del otoño pasado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero mientras que los golpes de Estado siempre conllevan violencia (de facto o en forma de amenaza coactiva), lo sucedido en los meses de septiembre y octubre del 2017 no encaja, se mire como se mire, con un “alzamiento violento”.
La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional. En una democracia sana, la protesta y la desobediencia, aunque puntualmente puedan degenerar en algún comportamiento violento en la calle, no se criminalizan como si fuera un golpe de Estado. Sólo retorciendo los hechos y deformando los conceptos se puede mantener la causa por delito de rebelión. Los magistrados han llegado a utilizar la represión policial ocurrida durante la jornada del 1 de octubre como prueba de la violencia del movimiento independentista. Con suma ironía, cabe apuntar que los argumentos manejados por los magistrados del Supremo sobre la violencia fantasmagórica del procés harían las delicias de aquellos posmodernos que ven una violencia ubicua en la vida social.
Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido. Se han propuesto dar un escarmiento ejemplar a los líderes del independentismo, un castigo que deje claro a las próximas generaciones el riesgo al que se exponen si alguien intenta de nuevo una estrategia unilateral rupturista.
El Tribunal Supremo es una de las instituciones más conservadoras del sistema constitucional español. Sus miembros son elegidos en muchas ocasiones en función de criterios políticos antes que por mérito y capacidad profesional. El Partido Popular ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante largos años y ha conseguido que el Supremo esté muy escorado a la derecha. Además, el clima de la política española permite que los magistrados estén actuando de forma arbitraria e ideológica, pues los mecanismos que inducen un cierto autocontrol por parte del Tribunal no están operativos. Dichos mecanismos tienen que ver con el temor a las reacciones políticas y sociales que sus decisiones pueden suscitar. En la situación actual, los partidos de la derecha, los principales medios españoles, muchos intelectuales y una mayoría abrumadora de la opinión pública están a favor del encarcelamiento de los acusados por rebelión. En esas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada les frena. Están dispuestos a deteriorar aún más la reputación democrática de España, pues el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara en serio que en una democracia resulta inadmisible juzgar a unos políticos por hechos que no han cometido. No estamos ahí todavía.
La posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro TS y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes independentistas
Los magistrados están dispuestos a deteriorar
aún más la reputación democrática de España: el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar por encima de todo