Ingeniería legislativa
El actual Gobierno socialista está igualando el récord de legislar por real decreto ley que ostentaba el primer gobierno popular presidido por Aznar. El real decreto ley es un procedimiento reservado para situaciones de extrema urgencia y necesidad, cuyo abuso fue denunciado por los socialistas por socavar el debate parlamentario. De entre los reales decretos ley aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez destacan dos. El primero es el real decreto ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes contra la violencia de género, por el que se modifica –entre otras reformas– el artículo 156 del Código Civil, que regula las facultades de los padres titulares de la patria potestad. El segundo es el real decreto ley 10/2018, de 24 de agosto, que dispone que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”, por lo que “se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados”.
Además, el Gobierno y Unidos Podemos han presentado –junto con ERC y Compromís– una proposición de ley para reformar la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria –impulsada por el PP en el 2012–, que otorga hoy al Senado la capacidad de bloqueo en la fijación de los objetivos de estabilidad. Se pretende, de este modo, esquivar la actual mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. El Gobierno, al principio, quería encauzar esta reforma por la vía del real decreto ley, por ser la más rápida, pero la ha descartado ante el temor de incurrir en fraude de ley y ha optado por el procedimiento de urgencia y lectura única, a fin de reducir y acortar los trámites y sortear la oposición del PP y Ciudadanos.
Desde una perspectiva formal y sin entrar en su contenido –en el fondo–, estos casos plantean tres cuestiones: ¿qué ha hecho el Gobierno?, ¿por qué lo ha hecho? y ¿qué valoración merece su actuación? Vayamos por la primera: ¿Qué ha hecho? El Gobierno ha utilizado instrumentos de ingeniería legislativa para sacar adelante proyectos que, de haber optado por la vía ordinaria, no hubiesen prosperado o se hubiesen dilatado y, en este caso, se hubiesen modificado. Es decir, ha utilizado instrumentos previstos para casos de “extraordinaria o urgente necesidad”, cuya evaluación como tales constituye –según sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero del 2002– un “juicio puramente político” efectuado por el Gobierno, que, no obstante, “el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar”. Y, respecto al procedimiento de lectura única, baste decir que está previsto sólo para proyectos cuya simplicidad hace que el pleno del Congreso, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, acuerde que el texto se tramite en un único debate en pleno con una votación final de conjunto y sin pasar por ponencia ni comisión. Se ha usado, pues, el atajo para evitar el camino.
¿Para qué lo ha hecho? Pese a saber que el grupo socialista sólo cuenta con 84 diputados y ser consciente de la inestabilidad de sus otros apoyos parlamentarios (fundados en el do ut des), el presidente Sánchez ha decidido
Si el esfuerzo encaminado en exclusiva a la preservación del poder es política, hoy se hace política en España
prolongar la actual legislatura cuanto le sea posible, aparcando la difusa referencia a la convocatoria de elecciones que dejó entrever al presentar la moción de censura. Y a este fin de disfrutar del poder tanto como pueda responde un doble designio: establecer un orden de prioridades para la acción de gobierno que poco tiene que ver con las necesidades reales del país y utilizar la ingeniería parlamentaria para la aprobación de sus proyectos, eludiendo su tramitación normal y limitando el debate con la oposición. Por tanto, si el esfuerzo encaminado en exclusiva a la preservación del poder es política, hoy se hace política en España.
¿Qué valoración merece esta actuación? Es cierto que urgía una moción de censura contra el presidente Rajoy, dada su inanidad, inhibición y falta de coraje. Pero el desenlace lógico de la moción era la convocatoria de nuevas elecciones. Así lo exigía –y lo exige– la situación crítica que vive el país a consecuencia del desafío secesionista catalán, y lo acentuaba –y lo acentúa– la heterogeneidad de los apoyos recibidos desde el punto de vista del interés general de España. Y, aunque también es verdad que un Gobierno de buena factura, con algunas individualidades sobresalientes, puso sordina a esta realidad preocupante, los hechos terminan siempre por imponerse, y así está hoy la política española: incapaz de garantizar algunas certezas para el futuro.
Decía Churchill que sólo hay una razón que justifique el mucho dinero que puede ganar un empresario y el mucho éxito que puede tener un político: asumir riesgos. Ahora bien, los políticos pueden asumir riesgos por dos causas: al servicio de los intereses generales de su país o en aras de un proyecto personal. En el primer caso, el político se convierte en estadista; en el segundo, no pasa de ser un aventurero.