Catalunya vota y...
La gira por Chile, Colombia, Bolivia y Costa Rica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prueba que la locuacidad de los dirigentes políticos es directamente proporcional a la distancia a que se encuentran de su despacho oficial. De regreso en Madrid su primera comparecencia ha sido ayer ante Pepa Bueno en la Ser. ¿Qué ha dicho de nuevo? Que lo de Catalunya termina votando un Estatuto porque el que tiene ahora no lo votó, se sobreentiende que a causa de los recortes introducidos a posteriori por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Los carteles de la feria de otoño incluyen también a Quim Torra, president de la Generalitat, que insistirá en la suerte del ultimátum de nunca acabar; sumará radicalismo verbal e indefinición de calendario; pondrá a Sánchez en la disyuntiva de acordar un referéndum para la independencia de Catalunya o atenerse a que sea proclamada de modo unilateral; y reiterará el desacato anticipado a la sentencia del Supremo en la causa abierta a los responsables del 1-O, cuando aún no hay fecha para su vista oral.
Ese sería el punto de no retorno, obligado como está el Gobierno “a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, así como las sentencias de los tribunales. De modo que si llegara el caso, la inacción del inquilino de Moncloa se entendería como un ¡rompan filas!, y ¡sálvese quien pueda!, una vez que el Estado desistiera de ser el proveedor de la seguridad pública y de ejercer el monopolio de la fuerza física legítima dentro de todo el territorio. Sánchez, en sus comparecencias junto a los respectivos presidentes de las repúblicas, prefirió ignorar las provocaciones de Torra, hasta que, saturado, le recordó que la unilateralidad ya sabe a dónde lleva, que el primer diálogo pendiente es entre los propios catalanes y que Catalunya es una sociedad plural resistente a la uniformidad que se le quiere imponer.
Ahí se ha visto como un amago de vuelta al artículo 155, para que la comunidad autónoma cumpla las obligaciones que estuviera desatendiendo. Pero, podría también el presidente Sánchez, conforme al artículo 15 de la ley de Seguridad Nacional, “declarar la situación de interés para la seguridad nacional” y poner, por ejemplo, los Mossos bajo el mando del ministro del Interior.