Los problemas crecen
La preocupación ciudadana por el aumento de la delincuencia en Barcelona; y el anuncio de una nueva dimisión en el Gobierno francés.
HACE sólo cinco días publicamos en esta página un editorial titulado “Barcelona tiene un problema de seguridad”. En él nos hacíamos eco de unos preocupantes datos procedentes de la Secretaría de Estado de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior. Entre ellos, que en Barcelona se cometían cada hora unos veinte delitos. Que, en el primer semestre del año, el porcentaje de delitos había crecido un 20,5% con relación al mismo período del año anterior. Y que este incremento no se enmarcaba en una oleada de ámbito nacional, puesto que en la misma etapa el porcentaje de delitos había crecido sólo un 1% en Madrid y un 0,2% en València, mientras en Sevilla caía un 8,1%.
Estos datos deberían provocar una reacción inmediata de las autoridades barcelonesas y catalanas. En primer lugar para mejorar la seguridad de sus ciudadanos y de sus visitantes. En segundo, para proteger el prestigio de Barcelona, que recientemente ha perdido posiciones en distintos indicadores internacionales.
Nada de eso ha sucedido. Y mientras los ciudadanos siguen a la espera de mejoras de corrección efectivas, vamos recibiendo nuevos datos, que no son tranquilizadores, sino todo lo contrario. La Vanguardia ha tenido acceso a nuevos datos –que ni el Ayuntamiento de Barcelona ni la Generalitat han creído oportuno divulgar motu proprio–, que hoy publicamos en la sección de Vivir. Se trata de datos referidos a lo acontecido en julio y agosto de este año. Entre ellos destacan los siguientes: los hechos delictivos en Barcelona se incrementaron un 13,6% en julio y un 21,1% en agosto, en comparación con el mismo periodo del 2017. En Ciutat Vella, el distrito más afectado por el auge delictivo, los porcentajes subieron al 15,4% y el 24,8%, respectivamente. Y si nos referimos a los robos con violencia o intimidación, la subida fue muy superior: 58,8% y 53,9%.
La conclusión obvia de esta retahíla de datos es que el índice delictivo no deja de crecer en Barcelona, y que lo hace además a una velocidad inquietante, sin que los sistemas de seguridad operativos logren impedirlo. Ni las fuerzas de la Guardia Urbana ni las de los Mossos d’Esquadra están garantizando niveles aceptables de seguridad de los ciudadanos. Hemos oído hasta la fecha diversos argumentos que tratan de explicar tal deficiencia. Desde los de tipo ideológico, que estarían amparados por la alcaldía y no ayudarían a la Guardia Urbana a emplearse con mayor decisión y efectividad, hasta los relativos a la insuficiencia de las plantillas, denunciada el lunes por centenares de mossos que se manifestaron ante la Conselleria de Interior. Por no hablar de un ordenamiento judicial que, a menudo, no contribuye a consolidar la labor policial.
La validez de estos argumentos es relativa. Los ciudadanos tienen todo el derecho a exigir que se ponga coto a estos índices delictivos desbocados. Que en un mes, en determinadas partes de Barcelona, se incremente el número de delitos con violencia o intimidación más de un 50% debería disparar todas las alarmas y, a continuación, abonar el despliegue de medidas extraordinarias. Los ciudadanos tienen además derecho a exigir a las autoridades la máxima transparencia. Aumentos del número de delitos como los aquí referidos son intolerables. Y lo es igualmente que estos datos, ahora revelados por La Vanguardia, hayan sido reservados por las instituciones entre cuyas obligaciones está precisamente la de evitar que se produzcan.