La oposición advierte que las votaciones de los plenos pueden ser anuladas
Los comunes denuncian que el pacto de JxCat y ERC pone en jaque al Parlament
Lejos de dar estabilidad al Parlament, el pacto entre JxCat y ERC para resolver la orden de suspensión de Carles Puigdemont y los otros diputados procesados por rebelión amenaza con abrir un nuevo frente judicial de consecuencias directas sobre los acuerdos que se tomen en los plenos y por extensión, sobre la aprobación de leyes.
Cs, PSC y PP no descartan pedir un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para que anule el resultado de las votaciones futuras. Lo harán si los grupos de Govern siguen adelante con su plan y dejan que los cuatro diputados de JxCat procesados voten utilizando la fórmula pactada con los republicanos. Una vía que ha sido cuestionada por los servicios jurídicos de la Cámara. Sin embargo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros soberanistas de la Mesa desoyeron el jueves la recomendación de los letrados y siguieron adelante con el acuerdo, que vendría a ser una confirmación de la delegación de voto previa a la resolución de suspensión del Tribunal Supremo.
“Esto crea una gran inseguridad jurídica”, afirma la portavoz adjunta de CatComú Podem, Marta Ribas. Los comunes votaron junto a JxCat y ERC el dictamen debatido en el pleno para permitir “desencallar” el Parlament, pero ahora ven que JxCat, con el beneplácito de ERC, “no cumple” con lo pactado. Los diputados republicanos, Oriol Junqueras y Raül Romeva, sí han designado a un sustituto para que vote por ellos, lo que cumpliría con la orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El recurso de amparo que puedan presentar los grupos podría tardar mucho tiempo en tener consecuencias. En cambio, si lo presenta el Gobierno la suspensión de las votaciones cuestionadas sería automática, hasta que se resolviera el recurso. La diputada de Cs Lorena Roldán pidió ayer al Gobierno de Sánchez que “actúe” para parar “esta ilegalidad”.
En caso de que el Gobierno recurriera al TC, “quedarían en el aire cuestiones tan importantes como los presupuestos y otras leyes, cuestiones que afectan a la vida de siete millones y medio de personas; no sé si JxCat y ERC son conscientes de ello”, lamenta Ribas, visiblemente enfadada por el cambio de criterio de los grupos de Govern sobre lo aprobado el martes en el pleno.
Sin ir más lejos, la semana que viene se debatirá en el pleno del miércoles una modificación de la ley de Renta Garantizada de Ciudadanía en la que los comunes proponen que los jóvenes extutelados por la Generalitat tengan acceso a esta prestación hasta los 25 años, para que puedan continuar sus estudios superiores y labrarse un futuro laboral. “Cosas como esta pueden quedar suspendidas por las tácticas de JxCat y ERC”, pone a modo de ejemplo Ribas.
El conflicto por la suspensión sigue abierto y el próximo lunes volverá a tratarse en el Parlament. La Mesa debatirá los recursos de reconsideración que Cs, PSC y PP han presentado contra la delegación de voto registrada por Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. Los tres consideran que estas delegaciones desacatan la orden de suspensión de Llarena.
La dimensión del enfrentamiento podrá medirse el martes mismo, cuando se reanudará el debate de política general y los diputados procesados votarán, según lo pactado entre JxCat y ERC. Toda la atención recaerá sobre Torrent que, como presidente del Parlament, debe proclamar los resultados de las votaciones y aceptar o no los votos delegados en el momento del recuento. No hay que olvidar que Cs prepara una querella contra él por desobediencia y que el Tribunal Supremo observa todos los movimientos que se hacen en la Cámara respecto a la orden de suspensión.
NUEVO CONFLICTO
Los grupos sopesan presentar un recurso de amparo al Constitucional
CONSECUENCIAS
Leyes, presupuestos, acuerdos... podrían quedar en el aire si los jueces actúan