Agenda social y déficit
El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos es un documento extenso –de 50 páginas– con 14 bloques y más de 60 medidas concretas. De la intervención de la portavoz gubernamental tras el Consejo de Ministros, se puede vislumbrar que, además de decisiones específicas, este documento contiene ideas y objetivos a más largo plazo, por lo que hasta que los presupuestos no estén detallados no podremos hacer una valoración precisa. En todo caso, conviene recordar que las cifras habrán de remitirse a Bruselas para su validación, fundamentalmente en lo que se refiere al déficit.
El acuerdo introduce un incremento del gasto público, que se prevé compensar con un aumento de la recaudación de 5.678 millones. Evidentemente, la revalorización de las pensiones conforme el IPC, la eliminación progresiva del copago farmacéutico, la elevación de las becas o el aumento de la dotación para dependencia, entre otros aspectos, nos llevan a un escenario de búsqueda de financiación extra. En este sentido, hay una apuesta clara por el aumento de impuestos.
También resulta evidente la apuesta por la llamada “agenda social”, con medidas-bandera como el incremento del salario mínimo. No obstante, convendría recordar cuál es exactamente la realidad y las posibilidades de nuestra economía y, por tanto, del conjunto de la sociedad. A principios de año, preveíamos crecer un admirable 3%, mientras que hoy hemos bajado un escalón y ciframos nuestro crecimiento no más allá del 2,7%, en consonancia con lo que está sucediendo en el contexto europeo e internacional. Por otra parte, teníamos el compromiso de que el déficit público no sobrepasara el 2,2% y todo parece indicar que llegará al 2,7%. También hay que recordar que, a pesar del robusto crecimiento de nuestra economía en los últimos cuatro años no sólo no hemos sido capaces de reducir suficientemente el déficit, sino que, además, continuamos teniendo una deuda próxima al 100% del PIB. Mal asunto, como nos vienen advirtiendo propios y extraños, porque cualquier incremento del coste de la deuda producido por una inflexión en la “amable” política financiera del BCE puede complicar el escenario.
Cada opción política tiene sus prioridades y no resulta fácil hacer valoraciones sobre proyectos presupuestarios hasta que estos no se concretan negro sobre blanco, pero parece evidente que la apuesta por un aumento de gasto y una mayor presión fiscal ha de tener en cuenta su incidencia en el imprescindible crecimiento de la actividad, cuando seguimos teniendo una tasa de desempleo escandalosamente elevada y en un momento de ciertas dudas sobre la fortaleza de la economía global y de la nuestra, en particular.
Aun así, no adelantemos acontecimientos. Esto es el principio. Ahora se inicia un alambicado proceso con una situación institucional que es la que es y, por tanto, nada fácil.