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La pérdida de la mayoría republicana en el Congreso de EE.UU., y las medidas parlamentarias en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas.
LA reacción política a la polémica decisión del Tribunal Supremo (TS) de que sea el cliente y no el banco el que asuma el coste fiscal de las hipotecas no se ha hecho esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un decreto ley de reforma del artículo 29 de la ley para que sean las entidades financieras y no los prestatarios los que asuman el impuesto, mientras que Ciudadanos se apuntaba a la reforma y Podemos convocaba una manifestación de protesta para el sábado ante las puertas del Supremo. Por su parte, el PP se decantaba sencillamente por suprimir el impuesto de marras, a lo que Sánchez le contestó que pregunte a sus presidentes de comunidades, que son las beneficiadas por los ingresos que genera el impuesto.
La indignación popular por la desastrosa gestión del Supremo espoleó a los políticos. Ningún dirigente quiso quedarse atrás en sus críticas al más Alto Tribunal. Ni siquiera el presidente del Gobierno, que en rueda de prensa llegó a pedir que el TS reflexione “sobre el debate que ha suscitado su credibilidad”, mientras que el líder de Cs, Albert Rivera, considera que los magistrados de la entidad que tiene su sede en el antiguo convento de las Salesas Reales de Madrid se han “autolesionado” y que la exigencia de la reforma de la ley es “unánime y urgente”. Por su parte, el secretario de organización podemita, Pablo Echenique, tuiteaba que “la banca se ha comprado un Supremo” y García Albiol (PP) aseguraba que la decisión del TS es “un grave error de consecuencias imprevisibles”. Y es que el enorme descrédito en vigilias del juicio por el procés es una cuestión preocupante. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, calificó el hecho de “escándalo” y pidió la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
En todo caso, se da por seguro que el decreto ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros contará con el apoyo de la mayoría del Congreso, a expensas de algunos cambios que se puedan introducir durante la negociación. Queda por ver cuál es el futuro del impuesto y si realmente lo asumirá la banca –como espera Pedro Sánchez–. Pero no hay que perder de vista otro hecho que ahora cobra más importancia. El mandato del Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes, expira el próximo 5 de diciembre y, en las actuales circunstancias y con la que está cayendo sobre la administración judicial, habrá que estar atentos a lo que ocurra. Por el momento, la asociación progresista de Juezas y Jueces para la Democracia insiste en pedir la dimisión del presidente del CGPJ.