Ruptura total
El president anuncia una nueva ofensiva internacional en defensa del proceso catalán
Quim Torra escenificó ayer en el Parlament su distanciamiento con los socialistas.
Que las formaciones que integran el Govern –JxCat a través del PDECat y ERC– no apoyarán los presupuestos del Estado del 2019 es algo que está anunciado desde hace semanas. Pero el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiso escenificarlo ayer de forma oficial con una comparecencia extraordinaria en el pleno del Parlament una vez conocidas, el pasado viernes, las peticiones de penas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los procesados del 1-O. Y quiso hacerlo solemnizando una ruptura total, y no sólo por las cuentas, con Pedro Sánchez, por considerarle cuando menos corresponsable de la “dureza de la represión judicial” contra los líderes del proceso soberanista, que no se corresponde, sin embargo, con la voluntad del Govern de, a pesar de todo, mantener abiertas las vías de diálogo más allá de los números.
“Retiramos cualquier tipo de apoyo al Gobierno español, no aprobaremos los presupuestos de Pedro Sánchez”, proclamó Torra, que vinculó la decisión al ultimátum planteado por él mismo a principios de octubre: “Ya lo anuncié en el debate de política general, y hemos llegado al mes de noviembre y el presidente español no ha puesto encima de la mesa ninguna solución democrática al conflicto político ni ha tomado ninguna decisión contra la represión política contra el independentismo”. Y en este escenario de “ausencia de voluntad de resolver el conflicto político” y en el que, a su juicio, el PSOE ha mostrado una manera de hacer política similar al PP y le ha faltado “valentía y coraje para cambiar la situación” los grupos independentistas en el Congreso “ni tan siquiera entrarán a negociar” los presupuestos del Gobierno español, avisó.
No sólo esto, sino que al debate monográfico sobre Catalunya que se celebrará en el mismo Congreso, y que todavía no tiene fecha, ERC y PDECat llevarán los “tres grandes consensos existentes en la sociedad catalana” –que parecen haberse convertido en el nuevo mantra del independentismo– sobre “la voluntad republicana de dejar atrás la
Ustedes están calentando la calle de cara a la sentencia; ¿quieren que asalten los tribunales?”
Acuso al Estado de mentir, vulnerar derechos fundamentales y criminalizar al independentismo”
La vía escogida por el Estado divide: república o violencia, democracia o represión, urnas o prisión”
No se arrogue la representatividad del conjunto del pueblo de Catalunya, porque no la tiene”
Nos parece bien que acuse al Estado español, pero no se puede acusar un día y negociar con él al día siguiente”
El que debería dimitir es usted, porque aquí lo único acabado es su vía unilateral”
monarquía, el rechazo absoluto a la represión y la voluntad de ejercer el derecho a la autodeterminación”, y “veremos cuál es la respuesta de los que dicen que quieren encontrar soluciones políticas a problemas políticos”. Pero todo ello no significa, en cualquier caso, que el Govern rompa efectivamente el diálogo con el Gobierno español. Y para muestra basta un botón: en la misma comparecencia en el Parlament el vicepresidente Pere Aragonès insinuó un posible apoyo a un decreto sobre el salario mínimo, como lo había hecho apenas veinticuatro horas antes la portavoz Elsa Artadi, y una vez finalizado el debate el conseller Damià Calvet anunció el voto favorable al decreto que fijará que sea la banca la que pague el impuesto sobre las hipotecas.
El presidente de la Generalitat celebró, en este contexto, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el juicio a Arnaldo Otegi, que situó como un ejemplo más del “descrédito del poder judicial español”, y aprovechó, por ello, para reclamar la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y anunció, además, un nuevo ofensiva internacional del Govern –la enésima desde el inicio del proceso soberanista– para explicar a los representantes de los países de la Unión Europea “cuál es la situación que vivimos en Catalunya” y denunciar en Europa y Estados Unidos “esta vulneración de los derechos civiles y la criminalización del derecho a la autodeterminación”. Todo ello con voluntad de “empezar a preparar el camino de la mediación”.
La comparecencia extraordinaria de Torra en el Parlament incluyó también una apelación a los partidos de la oposición a “no mirar hacia otro lado ante la injusticia cometida contra los presos políticos y exiliados”, que derivó, en la posterior sesión de control, en un agrio choque dialéctico con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, al que acusó de “gotear cinismo” por haber perdido, a su entender, la oportunidad de “humanizarse” al no denunciar la situación de los “presos y exiliados”. Un enfrentamiento que contrastó con el guiño dirigido, en cambio, a los comunes para “avanzar juntos” tanto en el Parlament como en Barcelona, en alusión a la próxima negociación de los presupuestos de la Generalitat y del Ayuntamiento de la capital catalana.