La Fiscalía solicita al Supremo que confirme la condena a Mas por el 9-N
Las defensas del expresident y las exconselleres Ortega y Rigau piden la absolución
El Tribunal Supremo (TS) celebró ayer la vista del recurso de casación presentado por el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que les condenó por el delito de desobediencia, en relación con la consulta del 9-N, a penas de 2 años, 1 año y 9 meses y 1 año y 6 meses de inhabilitación, respectivamente. La Fiscalía pidió la confirmación de las penas que les fueron impuestas, y las defensas solicitaron la absolución.
La vista discurrió sin la presencia de los interesados, como corresponde a los recursos de casación, que tienen un carácter marcadamente técnico. En este caso, el eje de la discusión es la naturaleza y requisitos del delito de desobediencia. Según el fiscal encargado del caso, Jaime Moreno, en el caso del 9-N se cumplen todos los componentes que definen el delito como los que exige la jurisprudencia del propio Supremo.
La tesis de la Fiscalía es que el Tribunal Constitucional (TC) prohibió con toda claridad la consulta del 9-N, tanto en la primera convocatoria como unos días después, cuando una vez suspendida aquella, la llamada a las urnas se hizo bajo la fórmula de proceso participativo. Las defensas, en cambio, pusieron pie en pared para negar que el Constitucional hubiera hablado con claridad.
Su tesis es que el referéndum propiamente dicho fue parado, pero luego el Constitucional no respondió cuando se le pidieron aclaraciones sobre la consulta participativa. La desobediencia, por tanto, no habría existido, porque en ningún caso hubo requerimientos y órdenes taxativas y reiteradas, un requisito exigido por la jurisprudencia. Aquí salió a colación incluso la sentencia del caso Otegi –en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de corregir a la justicia españoExplicó la–, en el sentido de que la desobediencia tiene que ser evidente ante requerimientos directos y repetidos, que no dejen lugar a dudas.
Lo que para la Fiscalía consistió en “un desafío a la legalidad”, por tanto, para las defensas fue una actuación amparada en las normas sobre procesos participativos. Entre estos dos polos, la vista discurrió por el terreno de las exposiciones jurídicas con alguna leve incursión en el terreno de la psicología, tanto individual como de masas. Al primer renglón podría corresponder la manifestación del letrado Xavier Melero –defensor de Artur Mas– en el sentido de que el recurso le estaba induciendo a “la melancolía”.
su estado de ánimo ante la tradicional vinculación entre dicho sentimiento y los esfuerzos inútiles. No por una falta de confianza del letrado hacia el Supremo, sino ante la existencia de la condena precedente de este Alto Tribunal con respecto al exconseller Francesc Homs, juzgado directamente por la Sala Penal en su condición de diputado. Melero, en todo caso, se esforzó en mostrar al TS las diferencias entre la conducta atribuida a Mas y la descrita en el caso de Homs para basar su condena. Y ello porque el Supremo condenó a Homs por haber realizado actuaciones concretas para facilitar el referéndum después de su prohibición, mientras que a Mas no se le imputan actos, sino la omisión de un supuesto deber de detener la convocatoria.
En este punto el fiscal Jaime Moreno –que se encargó de la acusación en el juicio contra Homs y participa en el proceso del caso 1-O– se vino arriba en la réplica, y citó que el expresident Mas reivindicó públicamente para sí la responsabilidad de la consulta si alguien buscaba un culpable de su celebración. Melero, a su vez, contraatacó pidiendo al Supremo –y aquí apareció la psicología de masas– que preste “un servicio inatacable” para que “todo el mundo vea que la jurisprudencia es igual para todos”, un mensaje que deberían percibir “quienes especulan y mercadean con la jurisprudencia”.
El letrado de Joana Ortega, Rafael Entrena, pidió a su vez al TS que no ponga “en el mismo paquete” todos los actos vinculados al nacionalismo catalán “sin distinguir la actitud de las personas”. El defensor de Irene Rigau, Jorge Navarro, subrayó que la condena del TSJC no cumplió los requisitos del TS sobre la desobediencia. Y el letrado Jaime Campá, que ejerce la acción popular, pidió la confirmación de la condena de Mas, pero se mostró a favor de una rebaja en las de Ortega y Rigau, para equipararlas a la de Homs en el TS, que fue de 1 año y 1 mes de inhabilitación.
El ministerio público habla de “desafío al Estado”, y las defensas alegan falta de claridad del Constitucional