Excesiva agitación emocional
Es inaceptable que la sentencia de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario sea revocada por una mayoría exigua de los magistrados del Alto Tribunal unos días después. Este episodio es un síntoma alarmante de la inseguridad jurídica que perjudica derechos de ciudadanos y de instituciones. El desaguisado pretende ser corregido deprisa y corriendo por Pedro Sánchez, que ha salido al paso con un decreto ley que obligará a pagar el impuesto hipotecario a los bancos.
Cuidado con las prisas y precipitaciones. Y mucha cautela a la hora de tomar decisiones en caliente. Las medidas del Gobierno no sé cómo podrán garantizar que lo que se pagaba como un impuesto no se convierta a partir de ahora en un recargo automático de los propios bancos.
Se invoca la separación de poderes. El mismo presidente Sánchez dijo que respetaba el poder judicial aunque deslizó críticas al Supremo por dos decisiones contradictorias sobre un mismo tema en cuestión de días.
De forma precipitada también habló fugazmente el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, aceptando las críticas pero añadiendo que el enredo se había producido por una falta de claridad en la ley. Si la ley no estaba clara, ¿por qué se dictaron sentencias que afectan a millones de clientes?
No es grave que haya diferencias de criterio en el seno del Tribunal Supremo. Ocurre en todos los países democráticos. Lo que es inquietante es que el presidente Lesmes diga que la ley no está clara. ¿Cómo se puede dictar sentencia con leyes confusas?
Pablo Iglesias aprovechó el barullo para convocar una manifestación ante
Cuidado con las prisas y las decisiones tomadas en caliente en momentos políticos inciertos
el Tribunal Supremo y pidió que “hay que devolver el dinero a las familias” sin precisar desde cuándo habría que aplicar la retroactividad. Qué afición a convocar multitudes.
Aprovechando las contradicciones en el poder judicial, Quim Torra convocó inesperadamente un pleno en el Parlament para anunciar solemnemente que “estoy aquí para acusar al Estado”, al estilo del “yo acuso” de Émile Zola. Anunció también que ponía en marcha una campaña internacional contra la represión judicial en España. No me importa repetir que los políticos presos no lo son por haber puesto las urnas sino por haber actuado formalmente contra el Estatut y la Constitución.
A pesar de todo, la separación de poderes es imprescindible reformando lo que haya que reformar, muy especialmente el poder judicial. Para salir de esta situación de agitación emocional que flota en el ambiente social y político hay que recuperar la tranquilidad y que las instituciones y los tres poderes del Estado actúen con responsabilidad.
Quizás lo más sensato sería convocar elecciones para comprobar si los votantes sostienen las reformas que hay que hacer. Con sólo 84 diputados no se pueden resistir los necesarios peajes que Pedro Sánchez tendrá que pagar.