Lesmes achaca la polémica a “la falta de claridad de la ley”

El presidente del Supremo emplaza al Parlamento a mejorar la legislación

Después de hacerse la autocrítica, el Tribunal Supremo (TS) salió ayer al contraataque. En ambos casos, ha sido el propio presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, el que ha actuado para dar la cara por sus magistrados.

Y si hace una semana admitió una mala gestión del debate jurídico sobre quién debe pagar los impuestos de las hipotecas, ayer recondujo la discusión al ámbito de la política, para sostener que el Supremo no tiene toda la culpa de la controversia y de las tensiones que ha suscitado este asunto, sino que también hay que atribuir el desaguisado a “la falta de claridad de la ley”.Y la supuesta oscuridad de la ley –vino a decir el magistrado– no es responsabilidad del poder judicial, sino de quien propone y elabora las normas, esto es, de los poderes ejecutivo y legislativo.

“Esta situación –dijo Lesmes– se ha producido en el presente caso, sin duda, y a lo largo de todos estos años, como consecuencia de la falta de claridad de la ley. Yo creo que ahora mismo las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tiene una magnífica oportunidad, porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria”.

El presidente del Supremo subrayó que “se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras; existe ahora la oportunidad de que la ley se aclare, de que se diga definitivamente quién es el que debe pagar y yo creo que nos debemos atener a lo que diga el legislador, que siempre es quien tiene la última palabra a través de la ley”. En definitiva, no es que el Supremo le pase la patata caliente al Gobierno y al Parlamento, porque la Sala Tercera ya se ha abrasado sola con la polémica de las hipotecas, pero sí es cierto que el Alto Tribunal emplaza a los partidos a remediar el problema de la ambigüedad de las leyes cuando su interpretación puede tener graves efectos políticos, económicos o sociales, o de los tres tipos a la vez.

Junto a ello, Lesmes intentó ayer una defensa in extremis del papel jugado por la Sala de lo Contencioso y en reivindicación de la independencia de los magistrados, consciente de que la imagen que ha quedado es la de que las entidades bancarias tienen mucha capacidad de influencia en la justicia. En este sentido, el presidente del Supremo dijo que se ha tomado “una decisión en derecho”, en la que “participaron los 28 magistrados que forman parte del pleno”, y “todos ellos actuaron, y que no tenga dudas la sociedad, con absoluta libertad e independencia de criterio”, en la resolución de “una cuestión controvertida”.

La forma de afrontar este tipo de cuestiones –prosiguió“es mediante la celebración de plenos jurisdiccionales”. Lesmes insistió en que “estas son las reglas del juego en nuestro Estado de derecho”. El presidente del Supremo quiso quitar hierro a la profunda división de los magistrados, al afirmar que si hay discrepancias, “se resuelven votando”. El problema de este asunto ha consistido en que la discrepancia ha sido de ida y vuelta. Es decir, primero discreparon los jueces de la Sección de Tributos de dicha Sala, y cambiaron una doctrina sostenida durante más de 30 años. Pero luego vino un pleno y la disidencia de los discrepantes duró menos de tres semanas. Una discrepancia, en suma, cortada de raíz.

CONTRAATAQUE

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