Alivio en el sector inmobiliario, que sufrió un mes de octubre a medio gas
Millón y medio de hipotecados desde el 2014 desesperan de recuperar el impuesto
La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los consumidores a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y la decisión del Gobierno de aprobar hoy un decreto ley que lo traslada a los bancos fueron recibidas con alivio por el sector inmobiliario, que ha vivido un octubre a medio gas.
El Consejo General de Colegios de API señaló que la incertidumbre de los últimos días “ha generado un enorme caos y confusión que afectan gravemente al mercado inmobiliario y al sector de la intermediación”. Según la asociación de la Comunidad Valenciana, Asicval, durante estas tres semanas se han aplazado entre un tercio y la mitad de las firmas de hipotecas comprometidas. Según las estimaciones del portal i.Ahorro, en estos días se han dejado de firmar unas 21.000 hipotecas, porque los bancos aplazaron las firmas, excepto a los clientes que tenían ya firmado el contrato de arras y podían perder la fianza.
Nora García Donet, presidenta de Asicval, consideró que “el Supremo ha priorizado el interés de la banca” sobre el de los consumidores y pidió que las entidades financieras actúen con responsabilidad y no repercutan el impuesto en el coste de la hipoteca. Una posibilidad que descartó Neinor, la mayor promotora de España. Según su director financiero, Jordi Argemí, la banca “no puede asumir ese coste por lo que acabará recayendo en el cliente igualmente”, posiblemente con “un endurecimiento de las condiciones o un aumento del diferencial”. Una opinión que compartió el coordinador de IU, Alberto Garzón, que señaló que la decisión del Gobierno es “un mero gesto” que no evitará que los consumidores paguen el impuesto, y animó a secundar las movilizaciones, como también hicieron la confederación de asociaciones vecinales CEAV, los consumidores de Facua y los sindicatos CC.OO. y UGT que consideraron que “se ha arreglado el futuro, no el pasado”.
Según estimaciones de la Asociación de Técnicos de Hacienda Gestha, 1,459 millones de personas que firmaron una hipoteca desde octubre del 2014 se quedarán sin recuperar el impuesto. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que presentó los recursos al Supremo, avanzó ayer que pedirá al Supremo que aclare las sentencias contradictorias y agotará todas las vías legales en España y en Europa contra la decisión del Tribunal Supremo, que consideró “un blindaje a la banca”.
Los empresarios inmobiliarios y
Empresarios y economistas cuestionan el AJD y critican que dificulta el acceso a la vivienda
la Confederación Andaluza, CEA, pidieron la supresión del AJD, que grava las hipotecas desde 1995, porque “dificulta el acceso a la vivienda”. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, remachó que “no tiene ningún sentido en un mundo digital” aunque reconoció que no puede plantearse su supresión si no se reforma la financiación autonómica: en los últimos 4 años ha aportado 3.630 millones de euros a las comunidades autónomas, destacando Catalunya (832 millones), Andalucía (743) y Madrid (604).