El PP quiere que el juez del 1-O presida el Supremo

El PSOE plantea una mujer de perfil moderado frente al conservador Marchena El Govern denunciará a Lesmes ante la Fiscalía por las hipotecas

Las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están afrontando un escollo difícil de salvar. Se trata del nombre del candidato o candidata a presidir el Tribunal Supremo (TS), cargo aparejado a la dirección del órgano de gobierno de los jueces.El PP ha puesto sobre a mesa el nombre de Manuel Marchena, actualmente presidente de la Sala Penal del Supremo. Pero el PSOE lo ve con fuertes reservas, sobre todo por el protagonismo que ha tenido –y el que habría de tener– al frente de dicha instancia, que es la que ha entendido de la causa sobre el 1-O.

Como presidente de la Sala Penal, Marchena está llamado a dirigir también el juicio por los supuestos delitos de rebelión o sedición, y desobediencia y malversación, en relación con los hechos ocurridos en Catalunya hace un año. Ciertamente, si ahora fuera elegido presidente del Supremo dejaría esa labor en manos de otro magistrado de lo penal en el Alto Tribunal. Pero su vinculación con este procedimiento, desde su inicio, le da a su candidatura una especial complejidad.

De hecho, la presidencia del Supremo es la clave del arco de esta negociación. El PSOE querría al frente del Supremo a una jurista con prestigio y poco marcada políticamente. Es decir, poco discutible desde esta perspectiva. El PP, en cambio, considera que la principal característica de quien se sitúe en el puente de mando del Consejo y del Alto Tribunal debe tener, sobre todo, capacidad de gestión y autoridad, en el sentido clásico, de auctoritas. Además, los populares tienen poco que ganar en esta negociación, porque en la actual composición del Consejo ya hay una mayoría conservadora. Si ahora se va a dar un reequilibrio de posiciones, qué menos que mantener la presidencia, por medio del nombramiento de un magistrado del Supremo con acreditada capacidad de conducción de equipos y merecedor de confianza, no tanto por afinidad ideológica como por probada identificación con las instituciones del Estado.

Para el PP, Marchena reúne estas condiciones. La credibilidad del Supremo ha quedado ahora bajo mínimos por la mala gestión del problema de los impuestos de las hipotecas, pero este es un conflicto que ha afectado muy directamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La situación interna ha venido siendo de tensión en dicha instancia desde hace tiempo. La Sala Penal, en cambio, ha actuado habitualmente –y no sólo en relación con el proceso en curso por el caso 1-O– sin disidencias ni divergencias notables, sino con un alto nivel de consenso interno.

Ahora bien, lo que para el PP es una garantía, para el PSOE es –sobre todo en el contexto actual– un inconveniente. No en balde varios miembros del Gobierno han discrepado de algunas de las decisiones esenciales que ha adoptado la Sala Penal, como el mantenimiento de la prisión preventiva de los presos procesados por rebelión en el caso 1-O. La capacidad de direc-

LOS MOTIVOS

Los populares creen que al frente del TS debe estar un jurista con mucha autoridad

LAS OBJECIONES

Los socialistas insisten en que la cúpula judicial la dirija una mujer con voluntad de diálogo

ción atribuida a Marchena en este procedimiento judicial puede tener, en este sentido, efecto bumerán. El perfil idóneo para el Gobierno sería el que mejor sintonizara con el reciente informe de conclusiones de la Abogacía del Estado. Es decir, el que respondiera a un enfoque jurídico del 1-O que midiera mucho la intensidad de la respuesta penal. En dicho informe, esa sensibilidad diferenciada de la que se ha venido imponiendo en el Supremo se reflejó en la discrepancia con la Fiscalía, ya que la Abogacía del Estado calificó los hechos como sedición, y no como rebelión, con la correspondiente rebaja en las peticiones de pena.

Por todo ello, la sensación en el propio PP, ante la filtración de su propuesta a favor de Marchena, era anoche que desde el otro lado del tablero se había querido impedir la jugada, quemando el nombre. La conclusión del episodio, en todo caso, sería que las fichas vuelven a desordenarse en el tablero. El

PP no permitirá la renovación del Consejo –y con ello el acceso de un nuevo presidente o presidenta al Supremo– si no logra situar en la presidencia a un candidato que le inspire total confianza.

El PSOE, a su vez, sigue pensando en la conveniencia de que se haga con el cargo una de las magistradas del Tribunal Constitucional (TC) o del propio Supremo. Por eso siguen sonando nombres como el de Encarna Roca, vicepresidenta del TC, o los de Ana Ferrer y Pilar Teso, magistradas de la Sala Penal y de la Sala de lo Contencioso, respectivamente.

El PP está plenamente dispuesto a aceptar estos perfiles, pero se muestra inflexible en cuanto a la reivindicación de que la carta del presidente la tienen que poner los populares sobre la mesa. En definitiva, una negociación que en líneas generales había evolucionado bien, siguiendo la pauta constructiva del castillo de naipes, y que ha de servir para renovar el órgano de gobierno de los jueces volviendo a la fórmula clásica de 20 vocales con plenas funciones y sin concentraciones de poder en la cúpula del Consejo, amenaza ahora con venirse abajo. Para evitarlo, las próximas horas serán decisivas, porque el plazo hábil pactado para cerrar el acuerdo concluía el próximo lunes, o a lo sumo el martes.