El pacto Gobierno-PP para la cúpula judicial afecta al 1-O
El nuevo presidente de la vista pertenece a la asociación centrista de la judicatura
El nuevo presidente del TS encabezaba el tribunal que juzga a los independentistas
El relevo sitúa a una juez progresista en el caso del ‘procés’
La designación de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) va a implicar cambios significativos en la composición de la Sala Penal que va a juzgar a los procesados por el caso 1-O. Aunque a la renovación del Consejo aún le queda la etapa del Senado, cabe pensar que Marchena será elegido para dichos cargos durante el mes de diciembre. A partir de entonces le sustituirá al frente de la Sala Penal el magistrado más antiguo de esta instancia, Andrés Martínez Arrieta, que presidirá la vista oral contra los líderes independentistas.
Marchena y Martínez Arrieta tienen perfiles distintos. Al primero se le tiene por persona de ideología conservadora, y al segundo, en cambio, se le sitúa en el centro izquierda del espectro político-judicial. No cabe esperar, sin embargo, giros radicales en la marcha del proceso por el caso 1-O. Es impensable, en este sentido, cualquier hipótesis de nulidad de actuaciones o de archivo del procedimiento. Martínez Arrieta ya formaba parte del tribunal compuesto en la Sala Penal del Supremo para juzgar a los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament. En términos procesales es seguro que su labor se caracterizará por la continuidad. Entre otras cosas porque de aquí al juicio oral ya no hay un gran trecho que recorrer.
En cuestión de días el Supremo emplazará a las defensas para que formulen sus conclusiones, en respuesta a las ya elaboradas y presentadas por la Fiscalía, por la Abogacía del Estado y por el partido político Vox, que ejerce la acción popular en este proceso. Y el único punto de fricción antes del juicio oral llegará, probablemente, cuando las defensas planteen como cuestión previa que el Supremo no es el tribunal competente para conducir este asunto.
Ello obligará a celebrar una vista específica, que ya podría estar presidida por Martínez Arrieta, a modo de ensayo general del juicio. Las posibilidades de que el Supremo se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), como querrían las defensas, son prácticamente nulas. Pero la iniciativa servirá para acudir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), denunciando supuesta vulneración de derechos e irregularidades en el proceso penal seguido en España.
El Supremo es plenamente consciente de esta estrategia de las defensas, y de hecho ha extremado el cuidado para que sea difícil sostener ante el Tribunal de Estrasburgo que a lo largo del procedimiento se ha producido alguna situación de indefensión. La Sala Penal ya ha permanecido siempre, desde el inicio del caso 1-O, muy atenta a este aspecto del proceso. De ahí que haya permitido el alargamiento de plazos y haya tratado de garantizar siempre el ejercicio del derecho de defensa. Si Marchena ya estuvo pendiente de estas cuestiones, es más que probable que Martínez Arrieta los siga ahora con tanto o mayor escrúpulo.
Dado que este magistrado va a pasar a presidir ahora temporalmente la Sala Penal –hasta que el nuevo Consejo del Poder Judicial convoque la plaza–, tendrá que ser a su vez sustituido. Su puesto lo ocupará –a partir del nombramiento de Marchena para la presidencia del Supremo– la también
LAS VARIACIONES
Al cambio en la presidencia se suma la llegada de una juez progresista