Una segunda condena obliga a Mas a pagar 4,9 millones por el 9-N
El Tribunal de Cuentas extiende la pena a los exconsellers Ortega, Homs y Rigau
Después de la condena por inhabilitación a Artur Mas y sus consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, a todos ellos les ha llegado ahora una nueva pena, esta vez dictada por el Tribunal de Cuentas, que les obliga a reintegrar 4,9 millones a la Generalitat por la organización de la consulta del 9-N. A Mas se le atribuye el pago como máximo responsable.
Segunda condena por el 9-N. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, después de ser inhabilitados los tres primeros por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el cuarto por el Tribunal Supremo (TS) por la organización del proceso participativo del 9 de noviembre del 2014, son condenados ahora por el Tribunal de Cuentas por el dinero público gastado por la Generalitat. La sentencia, dada a conocer ayer, establece que el expresident, la exvicepresidenta, los exconsellers y otros seis cargos del Govern en aquella época –Jordi Vilajoana, Lluís Bertran, Josefina Valls, Jaume Domingo, Ignasi Genovès y Teresa Prohías– tienen que devolver un total de 4.946.788,16 euros –más intereses y costas– a las arcas públicas de Catalunya, que es el coste que el tribunal estima que tuvo el 9-N.
A partir de esta cantidad global, la sentencia fija las condenas de acuerdo con la responsabilidad que entiende que tuvo cada acusado. A Mas se le hace responsable principal y, como tal, tiene que responder por el total de 4.946.788,16 euros, mientras que al resto se le imputa importes en función del papel jugado por cada uno en la consulta. Homs, por ejemplo, tiene que responder por 1.979.063,28 euros por conceptos tales como la campaña de publicidad institucional y el centro de prensa montado para la cobertura del evento, Rigau por 2.800.735,13 euros destinados a la compra y traslado de los ordenadores empleados en las mesas de votación, y Ortega por 865.674,90 euros por, entre otros, la fabricación del material utilizado en la votación. “En los casos en los que concurre la responsabilidad de varios demandados respecto a un mismo concepto, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados”, precisa la sentencia, lo que traducido quiere decir que, de no mediar un acuerdo entre ellos para repartirse las cantidades, podría ocurrir que Mas tuviera que hacerse cargo de todo el montante si los restantes implicados no aportaran sus partes o no tuviera que sufragar nada si las aportaran todas.
El Tribunal de Cuentas considera que todos ellos eran “conscientes” de que contravenían la suspensión del 9-N dictada por el Tribunal Constitucional (TC) y de que la cantidad gastada era para “financiar actividades ajenas a las competencias de la entidad pública y contrarias al ordenamiento jurídico”, porque no da crédito a que la compra de ordenadores portátiles o la instalación del centro internacional de prensa fueran para fines distintos a los de la consulta (los ordenadores, según la defensa, eran para las escuelas). Y la sentencia también desestima otro de los grandes argumentos de la defensa, en el sentido de que la supuesta malversación había sido rechazada por el TSJC y el TS y, en consecuencia, no tiene ninguna lógica la reclamación de las cantidades realizada por el Tribunal de Cuentas. A pesar de que la vinculación con la jurisdicción penal existe, “no se deduce que lo decidido por los tribunales penales en las causas seguidas contra quienes han sido demandados en este procedimiento impida que sean declaradas las responsabilidades contables que se reclaman por los demandantes”.
Unas “responsabilidades contables” que, aún siendo la Generalitat la administración directamente afectada, esta no ha acabado reclamando, a pesar de que el Gobierno español le obligó a personarse en la causa durante la aplicación del artículo 155 y una de las primeras medidas que adoptó el nuevo Govern fue retirarse. Pero tampoco este “desistimiento” es razón para que el Tribunal Cuentas no trate el asunto, porque en los casos en que “la entidad pública perjudicada pueda permanecer pasiva” el ministerio fiscal está legitimado para “el ejercicio de las acciones de responsabilidad contable”, justifica la sentencia, que los condenados tienen intención de recurrir. El primer recurso será ante la sala de apelaciones del propio Tribunal de Cuentas, después cabe otro en el TS y otro en el TC, y el partido de todos ellos –el PDECat– no descarta incluso la posibilidad de llegar a la justicia europea.
El expresident, la exvicepresidenta y los exconsellers, de momento, hicieron público un comunicado en el que advierten que “no aceptan en ningún caso” una sentencia que es “una aberración jurídica que vulnera la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas” y que “se encuentra muy lejos de la imparcialidad”. De hecho, la decisión del tribunal es, a juicio de Mas, Ortega, Homs y Rigau, “un escarmiento” para todos los que llevaron a cabo el proceso participativo del 9-N y “un aviso a navegantes” para futuras ocasiones, incluidos, según creen algunas fuentes, los propios encausados por el 1-O. El año pasado el Tribunal de Cuentas impuso una fianza de 5,2 millones de euros para cubrir el dinero público gastado, que los ahora condenados cubrieron con una consigna de 2,9 millones en efectivo –de la caja de solidaridad de la Assemblea Nacional Catalana
El segundo fallo por la consulta cree probado que se destinó dinero público a actividades fuera de la ley
Los condenados recurrirán una decisión que califican de “escarmiento” y “aviso a navegantes”
(ANC) y Òmnium Cultural– y varios inmuebles como garantía.
La sentencia provocó la protesta generalizada de todas las fuerzas soberanistas, que la calificaron de “fallo político” para “castigar por castigar”. “El espíritu de venganza del Estado es insaciable”, lamentó a modo de resumen el presidente de la Generalitat, Quim Torra.