Justicia y economía
El alcance de la renovación del Consejo General del Poder Judicial; y las razones de la caída del euro.
LUZ verde para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo para introducir cambios relevantes en el órgano de gobierno de la judicatura española. El nuevo presidente del CGPJ, en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo mandato expira el 4 de diciembre, será el magistrado Manuel Marchena, de perfil conservador. Pero la mayoría en el CGPJ será progresista, puesto que once de las veinte vocalías corresponderán a jueces que gozarán del beneplácito del PSOE o de Podemos.
La renovación del CGPJ era inaplazable, por distintos motivos, algunos previsibles y relativos al fin del mandato, y otros imprevisibles y acaso más importantes. Entre estos últimos, la imagen del Tribunal Supremo (TS), empañada en fechas recientes por su errática conducta en el asunto de los impuestos de las hipotecas o, casi simultáneamente, por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalando que España vulneró el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi, secretario general de Sortu. Esta imagen deteriorada del TS no era la más adecuada para afrontar el juicio contra los líderes del proceso independentista catalán, cuyo inicio está previsto para diciembre. El soberanismo está embarcado en una campaña de descrédito del TS –y del Estado español–, a la que han contribuido tropezones del Alto Tribunal como los ya mencionados. De ahí que resulte tan pertinente la renovación.
Más aún si reparamos en ciertos detalles. Porque, al convertirse en presidente del CGPJ y en consecuencia del TS, Marchena dejará de ser el máximo responsable de la Sala de lo Penal de dicho tribunal. En este puesto, Marchena, al que no pocos consideran el ideólogo judicial del proceso por el 1-O, se ha empleado con dureza, apostando por las más altas calificaciones delictivas, en tiempos de peticiones fiscales duras, que gozan por cierto de apoyo muy minoritario en la sociedad catalana, y que probablemente no contribuirán a resolver el problema de fondo. Debido a su promoción, Marchena ya no presidirá el juicio del 1-O ni será su ponente, tareas que recaerán en Andrés Martínez Arrieta, quien asumirá esta responsabilidad tras veinte años de experiencia en el TS y precedido por una fama de magistrado entre moderado y progresista. A él le tocará redactar la sentencia del juicio del 1-O, cuya trascendencia para el futuro catalán y español se intuye capital.
Creemos que todo lo que se haga por mejorar la imagen del sistema judicial es oportuno. Tanto para remontar el bache atravesado estas últimas semanas como por una cuestión de mera justicia. Ninguno de los tres poderes del Estado está a salvo de percances. Pero en tiempos en los que el ejecutivo y el legislativo han dejado a veces que desear, el judicial ha avanzado sin titubear y ha dictado sentencias que desmienten su supuesta sumisión a quienes gobiernan. Las opiniones son libres, pero los ingresos en prisión de un cuñado del Rey, de un exvicepresidente del Gobierno o de un expresidente de la patronal son hechos incontestables.
Queda pendiente una reforma judicial de mayor calado, como sería hallar un sistema mixto, entre la magistratura y el Parlamento, para elegir a los miembros de los altos órganos judiciales. Hay planes, en esta línea, a largo plazo. Y Ciudadanos ha declinado ya la invitación a participar en las proposiciones de jueces para el CGPJ a las que no renuncian PP, PSOE y Podemos. Aun así, queda todavía mucho camino por andar.