PSOE y PP pactan pese a su hostilidad los nombres del nuevo Poder Judicial
Podemos consensúa con el Gobierno a candidatos del ala más progresista
El presidente Pedro Sánchez rompía relaciones con el líder del PP, Pablo Casado, el 25 de octubre, después de un bronco debate en el Congreso en el que el líder de la oposición acusaba al presidente de ser “responsable y partícipe” del “golpe de Estado” de los independentistas en Catalunya. Veinte días después, PP y PSOE pactan la composición del Consejo General del Poder Judicial y quién lo presidirá. Es decir, a quién tendrán que votar los vocales elegidos.
Nadie habla, pero todos hablan. O casi todos. El grupo confederal de Unidos Podemos, molesto con que la negociación principal la llevaran la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su predecesor en el gobierno de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, y que se limitara a un reparto 10 a 10 (finalmente, 11 a 9, con la presidencia para uno de los nombres de la minoría conservadora, Manuel Marchena) de vocales, se resistió las pasadas semanas a dialogar con el Ejecutivo y el PSOE en términos de nombres y cuotas. Pero las conversaciones formales e informales siguieron en paralelo a las de PP-PSOE.
Lo cierto es que fruto de este acuerdo habrá mayoría progresista en el nuevo Poder Judicial, pese a la presidencia conservadora encarnada en la figura de Marchena. Once vocales serán designados fruto del acuerdo entre PSOE y Podemos y nueve por el PP.
Ayer, Unidos Podemos creía haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno en ese sentido, subrayaban fuentes de la negociación, tras una reunión discreta en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pero en el grupo
confederal, seguían ayer con la mosca detrás de la oreja debido al precedente del pacto en torno al Consejo de RTVE frustrado a última hora.
Las listas registradas por PSOE y PP en Congreso y Senado (los ocho candidatos escogidos de entre juristas de reconocido prestigio que no son magistrados) se ajustaban a los términos de lo hablado, al incluir al juez de la Audiencia Nacional en excedencia, José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de la Gürtel, en una lista en que lo acompañan Carmen Sáez, Luis María Contreras y José Miguel Castillo, por el Congreso, y Manuel Guillermo Altava, María Rosa Rubio, Pilar Fernández y Bernardo Fernández por el Senado.
Pero hasta el día señalado para la votación no se sabrá si el acuerdo se respeta también con los 12 miembros de la magistratura, de entre los propuestos por las asociaciones profesionales, seis por cada una de las cámaras. Un acuerdo que incluye a Victoria Rosell (exdiputada de Podemos), José María Fernández Seijo, Ana Ferrer y Esther Erice, nombres que el PSOE ya manejaba como posibles y cuyos perfiles son del agrado de Unidos Podemos.
En el PNV, por su parte, ni una llamada se ha recibido para hablar del asunto, como tampoco en Ciudadanos,
Sánchez se reunió ayer con Iglesias en la Moncloa para cerrar el acuerdo, pero no con Pablo Casado
grupo que se descartó deliberadamente de está negociación por considerarla “un mangoneo”, en expresión del secretario general, José Manuel Villegas, que ayer criticaba precisamente el carácter teatral de la presunta ruptura de octubre del bipartidismo.
La negociación, no obstante, le sirvió a Pablo Casado para subrayar que aislar al PP, como a su juicio pretendía Pedro Sánchez, no es tan fácil, porque es el más escaños en el Congreso e imprescindible para alcanzar los tres quintos de votos de la Cámara (210 diputados). Sólo PP y PSOE suman esos 218 votos en la Cámara Baja que garantizan la elección y no necesitan del concurso de ningún otro grupo. Lo mismo ocurre en el Senado, donde no basta la mayoría absoluta del PP para la elección de los vocales, sino que hace falta sumar los escaños del PSOE.
Desde el PP aseguran que no hubo conversación final entre Sánchez y Casado para cerrar el acuerdo, como sí la hubo con Iglesias, si bien el PP da la máxima importancia a esta negociación, por considerarla parte de los “asuntos de Estado”, que a su juicio deben pactar PP y PSOE y entre los que subrayan cuestiones de seguridad, internacionales, y defensa de la Constitución, en relación, sobre todo, al proceso independentista.