Un penalista tan riguroso como dúctil
Si Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria. 1959) hubiera seguido dedicándose al fútbol, como en su juventud, y hubiera hecho carrera en ese deporte, sería de esos jugadores de los que se dice que pueden dar buen rendimiento en diversas posiciones. Se le considera un jurista riguroso –en el sentido técnico y de la exigencia de responsabilidad–, pero a la vez muy dúctil, capaz de convencer a sus compañeros de Sala de que un mismo hecho puede ser un delito u otro, según se mire. Y de dar buenas razones para ambas versiones.
Un ejemplo de ello se tuvo en el auto de admisión de la querella por los hechos de la Conselleria d’Economia y el referéndum ilegal del 1-O, en el que la Sala Penal, ante una querella de la Fiscalía General del Estado que venía por el delito de rebelión, fue capaz de dejar dicho desde el minuto uno que los hechos descritos pudieran ser, en efecto, constitutivos de rebelión, pero tal vez también, y alternativamente, de los de sedición o de conspiración para la rebelión. Con ello, el Supremo colocaba ante sí una puerta giratoria con más de un posible ángulo de salida, que se podría poner en marcha en cualquier momento del procedimiento penal abierto –sobre todo en la correspondiente sentencia– según fueran las conclusiones a las que llegaran los magistrados tras la instrucción y la vista oral.
También fue una muestra de agilidad y capacidad de adaptación al terreno el viraje dado por el Supremo a la doctrina Botín, al crear sucesivamente la doctrina Atutxa. Por la primera se sostuvo que no se podía continuar un proceso en el que no acusaban ni la Fiscalía ni los supuestos perjudicados por un delito, porque en tales circunstancias quien ejerciera la acción popular no sostenía, dicho a grandes trazos, un interés concreto, superior al de las otras dos partes mencionadas. Pero luego en el caso Atutxa se legitimó la actuación de una acción popular cuando se estuviera actuando en representación de un interés más digno de protección, por implicar valores colectivos. Así se pudo perseguir y condenar al expresidente del Parlamento vasco, que previamente había sido absuelto. La doctrina Atutxa –luego absuelto por la justicia europea– fue una interpretación surgida de la propuesta de sentencia de Marchena, que era el ponente del asunto en el Supremo. El arte de darle la vuelta al calcetín quedaba de este modo aplicado con la mayor sutileza jurídica.
Una habilidad que no puede extrañar en manos de un jurista que, como es el caso de Manuel Marchena, llegó a Madrid traído por el exfiscal general Eligio Hernández, con Gobierno socialista. Y en la Fiscalía General ocupó la dirección de un órgano estratégico, absolutamente clave, la Secretaría Técnica. Ahí fue donde, veinte años más tarde, otros fiscales elaboraron el año pasado la querella por el caso 1-O, bajo mandato del ex fiscal general, ya fallecido, José Manuel Maza.
El salto de Marchena al Supremo se produjo en el 2007, y en el 2014 accedió a la presidencia de la Sala Penal. Se dice que ha dirigido todo el proceso del 1-O, y el hecho es que tiene mucha autoridad reconocida en la que hasta ahora ha sido su Sala, al frente de magistrados de distintas tendencias. Una nueva prueba de su versatilidad, propia su trayectoria formativa y vital, iniciada con los estudios de bachillerato en El Aaiun (Sáhara) y continuada con la licenciatura en Derecho por la Universidad de Deusto. Y otro indicio de versatilidad: no pertenece a ninguna asociación judicial.
El futuro presidente del Supremo fue el ponente de la doctrina Atutxa, luego absuelto por la justicia europea