Poder judicial
La elección del nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial se ha hecho de acuerdo con las normas clásicas del mercadeo político: un partido le cede al otro la mayoría de los vocales, a cambio de que ese otro acepte al presidente que quiere el primero. Se hace caso omiso de la Constitución, que dice que el presidente ha de ser elegido por los vocales, pero lo que importa es lo que interesa a esos dos grandes partidos. Ni siquiera han tenido la precaución de disimular, quizá porque tienen prisa en decir que cambia el ponente del juicio del 1-O. ¿Es una provocación al independentismo catalán? No tiene por qué: Marchena había sido recusado por las defensas de los encausados soberanistas, con lo cual verlo fuera del Tribunal, aunque presida el Supremo, es una forma de hacer efectiva la recusación.
Lo verdaderamente notable es el efecto de la transacción: si el señor Marchena vota con los conservadores, como su voto de presidente tiene doble valor, podríamos asistir a un empate que haría difícilmente gobernable el Consejo. Y ahora que escribo eso, ¿esa institución va a seguir votando por bloques? Si así fuese, volveríamos al problema de siempre, que deterioró el prestigio del Consejo y durante muchos años también el del Tribunal Constitucional. El CGPJ se convirtió en un Parlamento-bis, especializado en asuntos judiciales, que adoptó decisiones más ideológicas que técnicas, que parecen las exigibles al gobierno de los jueces. Y además, de forma parcial, porque no participan todas las fuerzas representadas en el Congreso y el Senado, sino sólo las del viejo bipartidismo.
Para ganar credibilidad, el Constitucional hace un esfuerzo ímprobo para que sus sentencias sean firmadas por unanimidad, cosa que en el CGPJ parece imposible, dadas las luchas de poder entre asociaciones de jueces, tan ideologizadas como el Parlamento. Mientras no se cambie el sistema, lo mínimo que se puede exigir al nuevo Consejo es que no lleve a su seno las tensiones que ahora emponzoñan la relación entre PSOE y PP. Los jueces, como vemos estos días, lo soportan todo. Pero el sistema judicial puede explotar si, además, extrae de la política el estado de crispación.