La delincuencia de los extutelados enfrenta a Govern y ayuntamientos
Los municipios de acogida exigen que la Generalitat aborde la situación como problema de país
La llegada masiva de jóvenes menores extranjeros no acompañados (Mena) se ha convertido en un inconveniente de difícil solución para los municipios de acogida. La situación se vuelve crítica cuando los jóvenes tutelados por la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia) cumplen la mayoría de edad y salen del circuito regulado de acogida. Muchos de estos jóvenes acaban en las calles, sin control ni apoyo institucional, y se ven empujados a cometer actos delictivos para subsistir, lo que provoca en muchas poblaciones problemas de inseguridad.
El hecho paradigmático se dio a las seis de la mañana del domingo en Santa Coloma de Gramenet, cuando quince jóvenes magrebíes extutelados, dos de ellos menores de edad, agredieron sexualmente a una joven y apuñalaron a su acompañante en la estación de metro de Can Peixauet. Ocho de los quince detenidos se encuentran ya en libertad y se ha tapiado la vivienda que ocupaban de manera ilegal.
Tras el incidente, la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, emitió un comunicado en el que, además de describir los hechos, exigía a la Generalitat el abordar de forma global y “como problema de país” la presencia de estos jóvenes que “cometen distintos delitos y faltas” y generan alarmas e inseguridad en las ciudades que les acogen. Para el Ayuntamiento la situación “no puede ser tratada desde la óptica local” por lo que exigen medidas de carácter urgente.
La petición de Santa Coloma no ha sido bien recibida por la Conselleria de Treballs, Afers Socials i Família. El conseller Chackir el Homrani reclamó que no se criminalice a los menores extrajeros no acompañados tutelados “porque se da alas a la ultraderecha”. El conseller aseguró que “estamos ante un caso de delincuencia y en todo caso quien debe actuar es la justicia para evitar la estigmatización”.
El Homrani ha enervado con sus declaraciones a los municipios de acogida de estos jóvenes que están cubriendo con recursos propios la situación la falta de ayudas de la Generalitat y el Gobierno central. “Son los ayuntamientos quienes deben notificar si tiene menores en situación de vulnerabilidad social”, añadió el conseller, quien afirmó que en ningún momento se había notificado al Govern que existieran estos casos. El Homrani recordó que en estos momentos la Generalitat tutela a unos 2.000 menores extranjeros no acompañados y advirtió que “cuando llegan a la mayoría de edad salen del sistema de protección de menores”, uno de los hechos no controlados que critican los municipios afectados.
En la misma línea se expresó Georgina Oliva, secretaria de Infància, Adolescència i Joventut, que desveló que “sólo uno de los jóvenes había sido tutelado”. La responsable de Infància pide la complicidad de los servicios sociales de los municipios y evitar, como reclama su conseller, que “se estigmatice al colectivo”.
La respuesta a El Homrani no se hizo esperar y fue la propia alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, quien aseguró que el Govern de la Generalitat era conocedor de la existencia “de un grupo de jóvenes localizados”, ya que el Ayuntamiento había informado de ello en las juntas locales de seguridad. Parlon dijo que los municipios
SANTA COLOMA DE GRAMENET Cruce de reproches entre El Homrani y Parlon por la situación de los jóvenes
LA AGRESIÓN SEXUAL Ocho de los quince detenidos por el incidente del metro ya están libres
son víctimas de la desidia institucional en el caso de los menores no acompañados. “No es un problema aislado”, aseguró. De hecho, son numerosos los municipios catalanes que acogen a estos menores y que han elevado sus protestas por la inseguridad que generan. En respuesta a las posibles acusaciones de estigmatización, Parlon alertó de que el incidente del metro “puede servir para alimentar el discurso de que la población inmigrante y los menores son susceptibles de cometer delitos”.
La llegada de los jóvenes tutelados a las casas de colonias y albergues habilitados para acogerlos no ha pasado desapercibida en las poblaciones de acogida. Pese al esfuerzo de la Dgais, en muchos casos para dar a conocer la situación de los tutelados, algunas conductas han provocado alarma social, especialmente por el incremento de los comportamientos delictivos. Un ejemplo se da en el Maresme. La Dgaia contrató los servicios de la casa de colonias Mas Silvestre, en el municipio de Dosrius, donde el próximo 5 de enero se cumplirá un año del primer incidente conocido en la comarca protagonizado por menores tutelados. Durante la cabalgata de Reyes, un gran número de estos menores cometió hurtos y robos en los comercios locales que estaban abiertos, una situación que provocó la reacción del gobierno municipal.
La difícil integración de los mena acogidos ha propiciado también situaciones violentas en Sant Salvador de Guardiola, donde protagonizaron una pelea multitudinaria que obligó a una actuación contundente de los Mossos.
En Arenys de Mar, los cincuenta jóvenes acogidos en el Casal Sant Vicenç también han originado situaciones de tensión con la población autóctona. La policía local ha reconocido que, desde su llegada, se han superado las 90 actuaciones policiales relacionadas con ellos.
Si bien las administraciones se esfuerzan en evitar la estigmatización de los jóvenes, las conductas delictivas de unos pocos han creado una gran alarma social que afecta a todo el colectivo. Fuentes policiales han avanzado que los menas, una vez salen del circuito de acogida institucional, disponen de recursos que sus predecesores han instaurado. “Si un joven mena cumple la mayoría de edad sabe muy bien a dónde acudir”, explican. En la mayoría de los casos, gracias a las nuevas tecnologías, los jóvenes contactan con otros compatriotas que los acogen en casas ocupadas ilegalmente. Para pagar favores se ven obligados a delinquir hasta que pueden liberarse de estas mafias y viajar a otros países donde suelen tener contactos familiares.