El difícil retorno
Sigue la polémica respecto de la conveniencia o no de la derogación e incluso la “reversión”, del Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre, que modificó el artículo 285.2 de la ley de Sociedades de Capital, confiriendo al órgano de administración de las sociedades la competencia para trasladar el domicilio social dentro del territorio español.
Ello facilitó que ante la incertidumbre jurídica y económica, aproximadamente 4.000 sociedades domiciliadas en Catalunya trasladaran ágilmente su domicilio a otros lugares del Estado español.
Según declaraciones recientes de la ministra de Economía y Empresa parece que finalmente no se producirá la derogación de la norma.
La noticia merece un comentario. El nombre y el domicilio son los signos identificadores de las personas físicas y jurídicas, y por tanto de las sociedades mercantiles. Consiguientemente lo lógico y natural es que sea la junta general, que es el órgano que representa la voluntad de los socios, la competente para fijar el domicilio social, que es, además, el lugar establecido por ley para que ejerzan los socios determinados derechos.
Por tanto si se derogara la norma hoy vigente, sería positivo para los socios de las sociedades mercantiles, que recuperarían la competencia para fijar el domicilio social de las sociedades, de las que son los socios, no lo olvidemos, sus propietarios.
Sin embargo, no estoy seguro de que la mera derogación de la norma actualmente vigente fuera por sí misma una buena noticia para la economía catalana.
El citado decreto modificó la normativa antes vigente y transfirió la competencia para trasladar el domicilio de las sociedades de la junta general al órgano de administración.
Si se derogara la norma se estaría dificultando el retorno de las sociedades que trasladaron su domicilio
Y el órgano de administración, que incluso puede estar formado por una sola persona, puede adoptar sus decisiones de forma más ágil y rápida que la junta general, que requiere de trámites y plazos para la adopción de sus acuerdos. Tal agilidad fue la que permitió que tantas sociedades adoptaran la decisión de traslado del domicilio con gran rapidez.
Por consiguiente, si se derogara la norma y se volviera al redactado anterior se estaría dificultando el retorno de las sociedades que trasladaron su domicilio fuera de Catalunya y se estén planteando regresar, pues la competencia para ello ya no sería de los administradores sino de la junta, que debería ser convocada en los plazos y forma previstos en la legislación societaria.
Por tanto la “reversión” de la norma no iba a ser fácil y, de efectuarse, debería devolver a la junta la competencia para el traslado del domicilio social dentro del territorio español pero, al mismo tiempo, permitir que las sociedades que lo trasladaron por acuerdo del órgano de administración pudieran regresar al domicilio anterior también por decisión del mismo órgano.