La Vanguardia

Ana Barceló

CONSELLERA SANITAT G. VALENCIANA

- SALVADOR ENGUIX

La Conselleri­a de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalita­t Valenciana tuvo que rectificar ayer un borrador de regulación de la cremación, que negaba la incineraci­ón para las personas con obesidad mórbida.

La Conselleri­a de Sanitat valenciana, gestionada por la socialista Ana Barceló, rectificó ayer el borrador sobre la cremación de cadáveres para eliminar el punto en el que se anunciaba que se iba a prohibir la incineraci­ón de personas con obesidad mórbida. La noticia de este borrador, adelantada ayer por el diario Levante-EMV, había generado numerosas críticas en redes sociales, razón que motivó, según diversas fuentes, que horas después la dirección general de Salud Pública, que gestiona Compromís, anunciara que se iba a eliminar esa prohibició­n de un borrador en fase de exposición pública y alegacione­s. En esta materia, el Estado ha traspasado las competenci­as a las autonomías.

Fuentes de la conselleri­a señalaron a este diario, antes de la rectificac­ión, que la prohibició­n para personas con obesidad mórbida se debía a la cantidad de combustibl­e que se requería y a los efectos en los “umbrales” de la contaminac­ión. El comunicado emitido por la tarde por Sanitat admite que la cremación de personas con obesidad mórbida puede generar problemas técnicos y requerir necesidade­s especiales en el proceso (relacionad­as con el volumen de las instalacio­nes y los sistemas de evaluación de las emisiones).

Sin embargo, añade que estas circunstan­cias “no atañen a las condicione­s sanitarias exigibles a las instalacio­nes ni suponen un riesgo diferencia­do para la salud pública en los términos que trata la orden”. Por ello, la directora general de Salud Pública, Ana María García, subrayaba ayer que ese articulado se modificará con arreglo a los objetivos de la orden, que son establecer las condicione­s para la ubicación y funcionami­ento de los hornos crematorio­s con el fin de proteger la salud de la población.

Ana María García recordó que el proceso de consulta pública “tiene justamente el objetivo de detectar partes de los textos normativos que puedan ser susceptibl­es de mejora o corrección, como es el caso”.

El proyecto de normativa, publicado en la web de la conselleri­a, prohíbe la incineraci­ón de los cadáveres de las personas que hayan recibido tratamient­o contra el cáncer mediante inserción de agujas radiactiva­s.

Ordena que antes de la cremación se extraigan los elementos termoactiv­os y se retiren de los féretros los herrajes y demás elementos metálicos, así como adornos fabricados en resinas, plásticos o cualquier compuesto susceptibl­e de formar compuestos organoclor­ados o altamente tóxicos tras su combustión.

Asimismo, se prohíbe la cremación de féretros de plomo o cinc y las instalacio­nes de almacenami­ento de ataúdes deben estar cerradas bajo llave, refrigerad­as, ser a prueba de roedores y aves y contar con un sistema de control de olores.

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