Una frontera ‘suave’ para Irlanda
El acuerdo del Brexit soluciona el escollo del Ulster y contempla una posible prórroga para el periodo de transición
El acuerdo de retirada cubre todos los elementos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea: los derechos de los ciudadanos, los acuerdos financieros, la gobernanza, los protocolos de Gibraltar, Irlanda y Chipre así como un largo número de otras cuestiones indispensables de regular en esta compleja separación de un país que lleva cuatro décadas como miembro de este club y que abandonará el próximo 29 de marzo. Los acuerdos también solventan el gran obstáculo, la frontera irlandesa y fijan las líneas directrices de la relación futura entre el Reino Unido y la UE.
El Reino Unido puede solicitar una prórroga del periodo de transición, que acaba el 31 de diciembre del 2020. La extensión será concedida siempre que haya acuerdo por las dos partes y sólo se podrá ampliar una vez. Sin embargo, el borrador no fija una fecha límite, sólo habla del “31 de diciembre del 20XX”... es decir, sobre el papel, se dan hasta finales de siglo. Durante este período, el Reino Unido será tratado como un Estado miembro, con la importante salvedad de que no participará en ninguna decisión. Es sujeto pasivo. La transición tiene que ayudar a administraciones, empresas y ciudadanos a suavizar la retirada. La Unión Europea y el Reino Unido no han cerrado un acuerdo definitivo sobre la frontera irlandesa. Pero ayer aseguraron que mientras no lo alcancen, la froncooperación tera será suave. Era la opción que ambas partes querían aunque no estaban de acuerdo en cómo implementarla. Ayer quedó claro: una vez finalice el periodo de transición en diciembre del 2020 y si Bruselas y Londres no han alcanzado este pacto definitivo, entrará en vigor la llamada backstop, una frontera suave y provisional mientras no se cierre el acuerdo definitivo. Sin fecha límite (Londres quería que como máximo durara hasta diciembre del 2021), la frontera suave se traducirá en la unión aduanera para todo el Reino Unido. Además, el Reino Unido quedará sometido a los tribunales europeos para resolver litigios en materia de aduanas, IVA, agricultura, medio ambiente, electricidad, ayudas de Estado... Haber forjado la backstop en caso de que no haya acuerdo definitivo antes del 2020 supone un alivio para ambas Irlandas, ya que una frontera dura pondría en peligro la continuidad de los Acuerdos de paz de Viernes Santo de 1998. Se protegen los derechos de más de 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y de alrededor de un millón de ciudadanos británicos que viven en países de la UE. En diciembre del 2017, Londres se comprometió a garantizar su derecho a residir, estudiar y trabajar, reunificar familias y recibir asistencia sanitaria después del Brexit. También para los hijos aún no nacidos de quienes sean titulares de esos derechos, que se podrán adquirir hasta la fecha de salida del Reino Unido del club. El acuerdo incluye un protocolo sobre Gibraltar que establece una entre España y el Reno Unido en la aplicación en ese territorio de las previsiones del acuerdo de retirada sobre los ciudadanos y establece las bases para la cooperación en diversas áreas, como son la fiscalidad, el tabaco, la pesca, y la cooperación policial y aduanera. En realidad, el acuerdo lo negociaron Madrid y Londres, y la Unión Europea se limita a incorporarlo. En las negociaciones bilaterales se dejó fuera todo lo relacionado con el aeropuerto de Gibraltar, al considerar que era un tema demasiado complicado y que podría bloquear el protocolo. Un protocolo específico aborda las bases soberanas de Acrotiri y Dhekelia que el Reino Unido tiene en Chipre, antigua colonia británica. El protocolo protege los derechos de los chipriotas que viven y trabajan en estas bases una vez el Reino Unido salga de la Unión Europea. El acuerdo establece que la City de Londres tendrá un nivel básico de acceso a los mercados de la Unión después del Brexit. El Reino Unido quería que sus bancos pudieran continuar ofreciendo servicios financieros en los países comunitarios para mantener el liderazgo de Londres como hub financiero internacional, pero la UE ha impuesto un “régimen de equivalencia”, es decir, un acceso muy parecido al que actualmente tienen las grandes entidades de EE.UU. o Japón. Además, este régimen se puede revisar en cualquier momento. El Reino Unido se compromete a seguir bajo las leyes de protección de datos de la UE. Sin esta garantía de que los datos personales de los ciudadanos europeos van a ser tratados de forma segura al salir de la unión, la UE podría haber bloqueado la transferencia de datos comerciales al Reino Unido, lo que habría causado muchos problemas para las empresas que necesitan por ejemplo poder procesar con rapidez información para nóminas o facturas.