PP, Cs y ERC critican por igual la política de justicia del Gobierno

Apenas dos días después de que el Gobierno pactara con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pedro Sánchez rechazó ayer la politización de la justicia en España. Lo hizo en la sesión de control en el Congreso, donde fue objeto de un fuego cruzado, tanto desde las bancadas del PP y de Cs, que le acusan de arrodillarse ante los separatistas; como desde los propios partidos independentistas que le atribuyen ser cómplice de la represión de Catalunya.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, tachó al sistema judicial español de “endogámico y clasista, con reminiscencias fascistas, con una élite de magistrados y jueces muy reaccionaria, a los que no les importa prevaricar en beneficio de los poderes fácticos”. Y criticó que la instrucción de la causa contra los líderes independentistas encarcelados está “inspirada por la venganza y la crueldad, con una finalidad política: escarmentar a Catalunya con una sentencia que ya está firmada”.

Sánchez evitó un choque abrupto tras esta andanada, si bien replicó que “todas las instituciones pueden ser objeto de crítica, y algunas merecen autocrítica, no sólo el poder judicial, y no sólo en Madrid”.

Pero Tardà elevó aún más el tono, y le advirtió a Sánchez que “si quiere salir de este estercolero” tiene que pedir la dimisión de Carlos Lesmes, el aún presidente del CGPJ que será sustituido por Manuel Marchena tras el pacto entre el Gobierno y el PP, y además “pedir disculpas por este pasteleo” con Pablo Casado. “O son sus títeres o los tiene comprados”, atizó a Sánchez sobre los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

La agresividad verbal de Tardà se une a las declaraciones que ayer mismo hizo Quim Torra en la televisión vasca, donde aseguró que no se “puede desprestigiar al poder judicial porque es imposible desprestigiar algo que ha llegado a lo más bajo en cuanto a prestigio”.

En el Gobierno son muy conscientes de que esta ofensiva del independentismo contra la justicia española tiene por objeto, precisamente, intentar deslegitimar el proceso judicial y el tribunal que abrirá ya en breve la vista oral por el 1-O.

Sánchez se limitó a defender la legalidad del proceso por el que se va a renovar el Poder Judicial. “La Constitución establece que la elección del CGPJ le corresponde al poder legislativo, que es lo que se ha hecho, lo que no reconoce la Constitución es la interferencia y la injerencia del poder ejecutivo en las funciones del poder judicial”, defendió. Eso es justo lo que critica que le reclama el independentismo, para aliviar las posibles condenas contra sus líderes encarcelados, recordó el presidente del Gobierno central.

Al tiempo, el Ejecutivo siguió ayer sin pronunciarse sobre si indultaría a los procesados, en caso de ser condenados, como le reclamó Ciudadanos en el Congreso. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se limitó a justificar que la ley de indultos permite beneficiar con esta medida de gracia a cualquier preso con una sentencia firme.

También el líder del PP atacó por el flanco catalán y el presidente subrayó que no puede ser, al tiempo, cómplice de los independentistas y de los represores de los independentistas. “Ni una cosa ni la otra”, rechazó Sánchez. Y advirtió que los únicos cómplices son la derecha española y el independentismo catalán: “Están siendo cómplices de la confrontación política y el agravio territorial”.

Tardà pregunta al presidente si los miembros del poder judicial “son sus títeres o los tiene comprados”