Un error sistémico
Cuando un tribunal regional alemán y diferentes jueces belgas echan atrás peticiones de extradición procedentes de instancias judiciales españolas, la explicación que suele servir de fundamento a las no siempre claras negativas es la inexistencia de separación de poderes en España.
Y por ende, que el valor de sentencias emanadas de tribunales españoles está alterado por adherencias políticas. Consideran que la larga mano del Ejecutivo interfiere en nuestro país en algunas decisiones de jueces y fiscales.
Y esta base argumental, sólo a medias explícita, lleva a que buena parte de nuestra opinión pública se desquicie por las interferencias desde fuera en el ámbito de nuestra jurisdicción y por las dudas sobre nuestro Estado de derecho, que consagra la separación de poderes en la Constitución.
Cuando, cada cinco años, llega el momento de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la presidencia del Tribunal Supremo, los escandalizados por los reveses procedentes de magistraturas extranjeras reparan en la causa que puede originar esas dudas foráneas, que se nos antojan injustas e interesadas.
Pero no por ello cabe desconocer que el reparto del poder judicial sirve en bandeja tal estrépito, pues se trata de un pacto entre dos partidos, que prorratean las veinte vocalías de la institución, entre magistrados conservadores y progresistas.
Y ante el pacto de partidos resulta indiferente que los vocales del Consejo los elija directamente el Parlamento o que lo hagan las asociaciones judiciales, ya que en sucesivas votaciones y elecciones se ha señalado que existe una ceñida correspondencia entre el PP y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y el PSOE y Juezas y Jueces para la Democracia. La tercera asociación de la judicatura, la Francisco de Vitoria, es de carácter centrista.
Este contexto alimenta la sospecha permanente de que la institución está al servicio del poder político, ya que resulta muy difícil negar amistades y filiaciones, que se airean en todos los medios. Y de ahí a la discrecionalidad el trecho es muy corto.
Pero hay algo más, y es la insatisfacción de los jueces no alineados, los que no entran en el bombo del entono, lo cual viene a incrementar las dudas sobre la imparcialidad del árbitro y, de paso, sobre la independencia judicial.
Lo que ha sulfurado a muchos, por otra parte, es que el pacto crepuscular entre partidos que se detestan no recoja la realidad del arco parlamentario, al limitarse a la perpetuación del bipartidismo, tal vez con alguna concesión, aún pendiente, al único partido que, de momento, acompaña al Gobierno en su travesía presupuestaria. Los mismos que se manifestaron ante el Supremo, al día siguiente de la sentencia cauterizada.
La insistencia negociadora de los populares, dispuestos a desigualar el empate con tal de sacar adelante el nombre del presidente, desprende la sensación de desvestir a un santo para vestir a otro.
En todo caso, hay además otro error de bulto, porque resulta insostenible que los conjurados ya hayan designado al que va a ser presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cuando ni tan siquiera están elegidos aquellos que, constitucionalmente hablando, son los únicos que, en una votación supuestamente independiente y no sometida a los partidos políticos, podrían elegir a dicho presidente.
La percepción pública de este proceso presenta dos caras. Por un lado, la selección del presidente de la Sala Segunda supone apartar al magistrado así nombrado del enjuiciamiento del procés, que le correspondería presidir. Por otro lado, al tratarse de un magistrado muy respetado, su encumbramiento puede ser una inyección de prestigio en uno de los pilares del Estado, tras su desgaste en el pasado reciente.
El tiempo dirá si la insistencia en coronar al candidato transversal, un magistrado canario, licenciado en Deusto y doctorado en La Laguna, es una piadosa decisión para la estabilidad o si, por el contrario, estamos ante un nuevo movimiento táctico que puede dejar inerme un flanco esencial.
Sin mengua de la idoneidad del sucesor, que se ajusta bien a lo que marca el escalafón, surgen varias preguntas: ¿es esta otra concesión gubernativa ante el torpedeo a la Sala Segunda?, ¿se piensa tan sólo en el horizonte del posible recurso a Estrasburgo?, ¿es un reparto del botín?, ¿podría la distracción adyacente a este proceso de elección afectar a la imperiosa imparcialidad?
La “imposibilidad” de cambiar el sistema de elección del CGPJ, “al no existir consenso entre las fuerzas parlamentarias”, es una debilidad del sistema que da argumentos a quienes siguen instalados en la eterna falacia de los resquicios franquistas.
Cambiar la forma de elegir al CGPJ, que, a su vez, designa a los máximos órganos de la judicatura, nos parece una urgencia inaplazable, y, de la misma manera, reintegrar el crédito dañado del poder judicial. Y creemos que es una prioridad democrática, tras las sentencias polémicas (La Manada, hipotecas) que han provocado serias dudas entre la gente sobre lo que debería ser indiscutible: el aval del Supremo al imperio de la ley.
Resulta inaceptable que tribunales de países socios y aliados pongan en cuestión decisiones de tribunales españoles. Pero hay que entender que esa especie de leyenda negra nos la hemos ganado a pulso, con errores imperdonables. Y eso que ya estábamos avisados, cuando en el 2016 la relatoría del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) recordó al Estado español que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Esta advertencia es cristalina: no deben ser los partidos políticos los que elijan a los miembros del poder judicial.
Hay que establecer un criterio, objetivo y pormenorizado, de puntuación de los méritos y de la capacidad, para acceder al Tribunal Supremo y a los puestos relevantes de la carrera judicial, con especial énfasis en las exigencias que tienen que ver con el criterio de antigüedad. Eso supone cambiar algunos de los méritos reconocidos hasta ahora por el Consejo y considerados por los desafortunados como abstractos e indefinidos.
El CGPJ que resulte de esta elección tiene la tarea inmediata de devolver el respeto de los ciudadanos a los jueces y tribunales, así como de galvanizar la puesta en marcha de un cambio que ponga fin al error sistémico
Cambiar la forma de elegir el órgano de gobierno del poder judicial es de una urgencia inaplazable
de su elección, un error que puede tener consecuencias infaustas, dada la sensibilidad creciente hacia las importantísimas cuestiones formales, como se ha visto en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Iniciar la reforma que conduzca a un poder judicial independiente, como verdadera y única garantía de un Estado democrático de derecho. Y priorizar la subsanación de errores. He ahí un objetivo insoslayable para ganar el respeto de la ciudadanía y de la biosfera judicial.