Patronales y sindicatos recelan de la ley que vetará los coches de combustión
El Gobierno, que ve la propuesta “prudente”, llama a la calma y asegura diálogo
Los planes del Gobierno para vetar los coches de combustión, tanto los de gasolina, como los de diésel, los de gas y los híbridos –las matriculaciones en el 2040 y las circulación en el 2050– fueron ayer contestados por las patronales y los sindicatos del sector del automóvil. Las organizaciones de fabricantes (Faconauto), importadores (Aniacam), proveedores (Sernauto) y concesionarios (Faconauto) cargaron contra la medida, prevista en el primer borrador de la ley de Cambio Climático (véase La Vanguardia de ayer). También hubo críticas desde los sindicatos. La más contundente, la del presidente de la UGT de Catalunya y del comité intercentros de Seat, Matías Carnero, que la calificó de “barbaridad”, por la afectación en el empleo que, a su juicio, tendrá.
Desde las organizaciones empresariales, el más explícito fue Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac. “Lo importante del 2040 es si estaremos liderando el vehículo autónomo y conectado; este es el reto, no que sea el año de las prohibiciones”, manifestó en el encuentro anual del Iese ante profesionales de la automoción. “No negamos los impactos del automóvil en las emisiones de CO2 y en la calidad del aire, pero debemos trabajar en una transición ordenada y esto no va de fechas ni de cuotas”. En este sentido, urgió a promover la sustitución de los coches más antiguos –“nuestro verdadero problema”, recordó– y a acordar un “plan de trabajo para un cambio de modelo” que permita a España “seguir siendo líder en producción y en exportación en un mundo cada vez más proteccionista y menos globalista”. Armero avanzó que, en el acumulado del año hasta septiembre, España ha perdido su posición de octavo productor mundial en favor de Brasil.
El borrador de la ley preocupa a los sindicatos porque ven en él una amenaza a la estabilidad del empleo. CC.OO. pidió al Gobierno que no se convierta en un “inquisidor ecológico” con los coches. Las críticas del ugetista Carnero fueron las más duras. “Tendrá efectos sobre el empleo, seguro”, dijo, tras recordar que unos 300.000 trabajadores dependen de esta industria en España y que el 80% de las plantas del país producen vehículos diésel, la tecnología más cuestionada. En cambio, lamentó, la fabricación de modelos eléctricos es testimonial. Según el también presidente del comité de Seat, si no se abre un debate que busque la “conciliación medioambiental” serán los trabajadores los que “acaben pagando el pato”.
El Gobierno trató ayer de calmar los ánimos. La titular de Industria, Reyes Maroto, llamó a la “tranquilidad porque lo que tenemos que hacer es trabajar y definir el horizonte para una transición energética ordenada” y precisó que se analizará “si finalmente es este plazo (2040 y 2050) o lo alargamos por consenso porque necesitamos más tiempo”. Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que la propuesta en la que trabaja el Ejecutivo, aún no definitiva, es “prudente” y se alinea con otros países europeos. Desde esta base, apeló a la “corresponsabilidad” de las instituciones públicas y la industria para que el cambio de modelo energético no vaya en detrimento de un sector que representa el 11 % del PIB y emplea a casi el 14% de los trabajadores del país.
El presidente de la UGT de Catalunya y del comité de Seat carga contra la medida, que califica de “barbaridad”