Seísmos judiciales
El alto tribunal estima un recurso presentado por la patronal Cecot
El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la patronal Cecot y ha declarado nula parte de la orden ministerial del 2014 sobre los peajes y cánones relacionados con el mantenimiento del Castor.
Nuevo varapalo judicial al Castor. El Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la patronal Cecot y ha declarado nula parte de la orden del 2014 del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre los peajes y cánones relacionados con el mantenimiento del fallido almacén gasista correspondientes a diciembre de ese año y a todo el 2015. En consecuencia, aunque la sentencia no lo concreta, se deberán devolver los importes cobrados a los consumidores por este concepto en sus recibos y que en ese periodo de tiempo suman unos 18 millones de euros. La decisión del Supremo, del pasado 7 de noviembre, es consecuencia de la sentencia del Constitucional de diciembre del 2017 que anuló dos artículos del real decreto ley en que se recogieron los derechos de cobro de Enagas Transporte durante 30 años con cargo al sistema para hacerse cargo de la citada instalación.
El Gobierno aprobó en octubre del 2014 anular la concesión del proyecto Castor e indemnizar con 1.350,7 millones a su promotora (Escal UGS, controlada por ACS) después de que su actividad en fase de preoperación causara centenares de seísmos en la costa de Tarragona y Castelló, lo que provocó su cierre. Esta cantidad incluyó el valor neto de la inversión fallida, los intereses y el mantenimiento del almacén, que quedaría en hibernación durante 30 años, del que se encargaría Enagas Transporte. Asimismo, se autorizó a esta última a cobrar a todos los consumidores en su recibo del gas esta cantidad.
Ahora, la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Supremo anula varias disposiciones adicionales de la orden ministerial en la que se precisaron las cantidades a satisfacer. Y aunque reconoce que el Constitucional no anuló la hibernación, la extinción del contrato a Escal UGS y la asignación a Enagas de la gestión, sí que dejó sin efecto el artículo que concreta la retribución a esta última. Una vez declarada la nulidad, la nueva sentencia fija que “la Administración debe obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la orden que se declara nula”. El Gobierno dispone de dos meses para hacerlo.
Cecot inició en el 2015 acciones legales en España y la UE para evitar que los consumidores y en especial las empresas tuvieran que absorber el coste económico de lo que la patronal considera una mala gestión
La sentencia anula el cobro del mantenimiento de la instalación en el recibo del gas
del Gobierno. La organización mantiene impugnadas las órdenes ministeriales para 2016, 2017 y 2018 que supondrían, según sus cálculos, la devolución de unos 200 millones.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, instó ayer a mantener la vigilancia sobre inversiones en infraestructuras de energía para “no incurrir en errores del pasado próximo que han supuesto más costes para los consumidores”. Y añadió: “Cuando oigo la palabra Castor –dijo–, ya no me acuerdo de Cástor y Pólux, me acuerdo de otra cosa (...) y si de los hijos de Zeus uno tenía condición humana y otro divina, este Castor nuestro debía de tener condición humana”.