El Poder Judicial exige más protección para los jueces
El CGPJ estima “delictiva” la pintada en la casa de Llarena
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instó ayer al Ministerio del Interior, a la Generalitat y a la Fiscalía a que “de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos” que el martes por la noche lanzaron pintura amarilla en la puerta del edificio de Sant Cugat del Vallès en que tiene su domicilio el juez del Tribunal Supremo (TS) que ha instruido la investigación sobre el caso 1-O, Pablo Llarena.
Tras este episodio, la declaración pone el acento en que deben adoptarse “de manera planificada” las “medidas de protección adecuadas de los jueces y magistrados que prestan servicio en Catalunya”.
El comunicado del órgano de gobierno de los jueces supone, por tanto, una crítica muy evidente por la carencia de dichas previsiones, que en todo caso no achaca a institución alguna en concreto. Pero es cierto que en medios del Supremo existe malestar ante la reiteración de este tipo de hechos, en relación con el propio magistrado Llarena, quien ya sufrió un escrache el pasado verano, después de que su segunda residencia en Girona también fuera objeto de pintadas, que en aquel caso afectaron a la casa de un vecino.
La comisión permanente del Consejo del Poder Judicial, a su vez, hizo constar ayer en el mencionado comunicado su “más absoluto rechazo” a los hechos, calificándolos de “delictivos”. Y subrayó que en el momento en que se produjeron en el domicilio de Llarena y su esposa, la también magistrada Gema Espinosa, uno de los hijos del matrimonio se hallaba en el interior de la vivienda.
El mensaje de solidaridad del Consejo es extensivo a todos los jueces que ejercen en Catalunya. Así, se afirma que el órgano de gobierno de los jueces condena “toda conducta de intimidación” que pretenda llevarse a cabo contra dichos jueces con destino en instancias judiciales catalanas. El texto expresa su “aliento y compromiso” con dichos jueces y su “reconocimiento más firme y sincero por la labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la comunidad”.
A su vez, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, condenó ayer el ataque con pintura contra la vivienda del juez Pablo Llarena, porque está “en contra de cualquier acción de violencia”, si bien cuestionó también si es “admisible estar un minuto en prisión” por convocar el referéndum catalán y “dar la voz al pueblo”. El ministro del Interior, Fernndo Grande-Marlaska, terció a su vez en la polémica durante un desayuno organizado por Europa Press en el que pidió que no se genere “alarmismo” por unos hechos que condenó pero que consideró “puntuales”.
En paralelo, Cs presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia contra Arran, organización juvenil vinculada a la CUP que ha asumido el hecho. Ciudadanos acusa a Arran de un delito de odio, traducido en una “intolerable campaña de acoso” a los jueces. La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, consideró lo ocurrido como “persecución ideológica”, como parte de una “campaña” de “hostigamiento, señalamiento, intimidación y amenazas”. La CUP, a su vez, acusó a Torra de “comprar el discurso de la extrema derecha” y la Fiscalía por criticar a Arran.
Cs denuncia a Arran por un delito de odio ante la “campaña” de “hostigamiento e intimidación”