La Fiscalía justifica sus testigos del caso 1-O para probar la violencia
La Fiscalía ha remitido un informe al Supremo en el que justifica la petición de que se cite a 256 testigos en el juicio del caso 1-O para que se pueda acreditar cumplidamente la existencia de violencia en los hechos, tesis en la que se basa la acusación de rebelión, delito que se imputa a los principales dirigentes independentistas. Así se desprende del hecho de que la mayor parte de los 256 testigos propuestos sean policías y guardias civiles que intervinieron el 1-O.
La Sala de Enjuiciamiento, ante una propuesta tan elevada de comparecientes, se dirigió a la Fiscalía del Supremo para pedir que aclarara las finalidades perseguidas con la petición de 256 interrogatorios. La Sala tiene ahora, por tanto, la ocasión de reducir o no el número de testigos propuestos por los fiscales. Si considera innecesarias tantas declaraciones en pos de la misma o similar versión de los hechos, el eje argumental de la Fiscalía podría verse debilitado. La Sala de Enjuiciamiento debe decidir si asume de forma íntegra las peticiones de la Fiscalía, o si considera, en bien de lo que se conoce como economía procesal, que es mejor dar un recorte a las pruebas testificales, buscando concentrarse en los testimonios que puedan ser más relevantes.
Es obvio que con todo ello no se estaría persiguiendo limitar las posibilidades de actuación de las acusaciones, sino tratando de evitar inútiles repeticiones y reiteraciones. De hecho, muchas veces ante una vista oral las partes solicitan largas listas de testigos, y luego a medida que avanza el juicio se va renunciando a interrogarlos, porque se ve que no pueden aportar nada nuevo y que aquellos aspectos sobre los que iban a declarar ya han sido suficientemente examinados. Ahora bien, así se pierde tiempo –en especial el de los comparecientes que son renunciados– y se malgastan esfuerzos, porque muchos pueden tener que desplazarse de una provincia a otra, y no vale la pena que lo hagan si al final lo más probable es que ni siquiera pasen por la puerta de la sala de vistas.
El tiempo que se pierde ahora en examinar la petición de pruebas para el juicio, en suma, se ganará luego, si la vista avanza así con mayor agilidad. De hecho, si el Supremo no ha dado traslado todavía a las defensas del trámite de elaboración de sus conclusiones provisionales –una vez conocidas las de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las del partido político Vox, que ejerce la acción popular– es porque espera a tener ordenado este primer material. Luego si las defensas también proponen una larga lista de pruebas lo más probable es que el tribunal pase asimismo un primer cedazo y rechace las que pudiera considerar superfluas o innecesarias.
Los fiscales plantean una lista de 256 declarantes, muchos de ellos policías y guardias civiles