El Síndic ante la crisis política e institucional
El ordenamiento estatutario básico catalán, siguiendo el ejemplo de los sistemas constitucionales modernos adelantados, encarga al Síndic la garantía de los derechos y las libertades. En el marco del ejercicio de mis competencias, he presentado al Parlament −única institución que puede ejercer el control del Síndic− tres informes específicos sobre la crisis institucional y política que afecta a derechos fundamentales en Catalunya, pero que también afecta a todo el Estado español en cuestiones como la ley de Seguridad, conocida como ley mordaza.
Es evidente que la reforma del Estatut d’Autonomia de Catalunya en el 2006 y la posterior sentencia del 2010 son posiblemente las causas más aludidas para explicar el estallido de la crisis actual. Pero también tiene que ver el hecho de que durante muchos años no se ha profundizado en los potenciales constitucionales de despliegue asimétrico de la autonomía política territorial y del fomento y la protección de la diversidad lingüística. En definitiva, todo el edificio territorial se basa en aquellos reconocimientos y, como diría después el Tribunal Constitucional en la sentencia de la Loapa, “unidad no quiere decir uniformidad”.
En la búsqueda de posibles motivos más próximos, añadiría la nula respuesta política del último gobierno español a las demandas de los gobiernos y del Parlamento catalán, consecuencia de la amplia movilización popular, como el pacto fiscal, la convocatoria o transferencia de la competencia de convocar un referéndum acordado para conocer el grado de apoyo de una u otra solución a la situación. En esta cerrazón, también pesa la equívoca afirmación hecha desde las máximas instancias de que “el Estado de derecho se basa en la unidad de la patria”.
El primero de los tres informes mencionados, presentado en abril del 2017, analiza la erosión de derechos y libertades en el Reino de España, con una descripción de un marco más amplio, el sistema político e institucional español y sus graves carencias. Es decir: las advertencias objetivas, también de la mano de informes de instituciones y autoridades de los organismos internacionales, sobre limitaciones a la libertad de expresión, la partidización de la justicia, la judicialización de la política, y cómo todo ello afecta también al escenario político e institucional catalán.
En septiembre y en octubre del 2017 se registraron acontecimientos muy significativos, como los acuerdos ilícitos tomados por el Parlament y el Govern de Catalunya bajo el impulso de la unilateralidad, los incidentes a raíz de la celebración de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y la votación, sin proclamación –y, por lo tanto, sin efectos jurídicos−, de una declaración de independencia. Hay que añadir que en el ínterin ya habían sido encerrados en prisión preventiva los dos máximos dirigentes sociales del soberanismo, que un año después siguen en prisión pendientes de juicio.
El segundo informe del Síndic, de noviembre del 2017, analiza los acontecimientos en torno al referéndum. Relata como el 1 de octubre contacté con el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la máxima autoridad en derechos humanos de Europa, que entonces exigió una explicación objetiva sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todavía hoy el Gobierno español debe al Consejo de Europa el cumplimiento del compromiso de presentar un informe sobre aquellos incidentes y la asunción correspondiente de responsabilidades.
El Síndic, tanto en el segundo informe como en el tercero, en notas informativas publicadas y también en el informe anual del 2017, analiza los ilícitos del Parlament. Se trata de acuerdos ilegales, tanto en forma, por el hecho de no consultar al Consell de Garanties, como en contenido, contrario al ordenamiento constitucional. Y se subraya que todos aquellos acuerdos fueron abordados por las autoridades del Estado con los instrumentos que prevé el ordenamiento, es decir, fueron declarados inconstitucionales y no tuvieron ningún efecto sobre el ordenamiento jurídico.
Aun así, el Gobierno español mantuvo la negación de diálogo y la falta de propuesta política, e incluso se aplicó un 155 absolutamente desmesurado, a la vez que se impulsó el tratamiento básicamente penal, expresamente excluido en la ley española para el caso de la convocatoria de referéndums ilegales.
Somos algunos los que, desde nuestra propia y exclusiva responsabilidad, intentamos mediar para que hubiera diálogo. Son incomprensibles las motivaciones que esta vez conducían a la negativa ante una demanda exclusivamente sustentada en la acción pacífica y democrática de una parte sustancial de la sociedad catalana. Eso contrasta con el hecho conocido que todos los gobiernos españoles desde 1978 dialogaron y negociaron con la organización terrorista ETA.
La aplicación acordada por PP, PSOE y Cs del 155 desborda la literalidad de la Constitución de 1978 y utiliza mecanismos explícitamente rechazados por la inmensa mayoría de los constituyentes, como la disolución del Govern y del Parlament, medida que parece atentar, por partida doble, contra el principio solemne de participación democrática.
La actuación judicial, con la aplicación desproporcionada del Código penal, basada en el relato que empezó a construir el entonces fiscal general, no sólo puede contradecir principios del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la misma legislación española, sino que, además, significa el fracaso total de la política y la profundización de una grieta que puede tardar generaciones en cerrarse. En el tercer informe se analizan todos los principios posiblemente afectados, como la inviolabilidad parlamentaria, el juez predeterminado por ley, el derecho a la defensa, la legalidad penal (acusaciones desaforadas de rebelión o sedición), la imparcialidad judicial, la tutela efectiva, la libertad personal y las otras libertades básicas. Y eso se hace (el informe se cierra el 30 de abril) sin conocer el escrito de acusación provisional del fiscal recientemente presentado.
Por todo ello, presentado en este artículo telegráficamente (los tres
Hace falta diálogo para pactar una consulta, uso idóneo del ordenamiento, derechos, libertad de los presos e investigar el 1-O
informes se pueden consultar en la web del Síndic), se concluye y se recomienda diálogo dentro de la sociedad catalana, y entre esta y la española, y también diálogo constructivo a fondo entre los gobiernos y todas las fuerzas políticas, con la perspectiva de convocar una consulta acordada; plenas garantías en el ejercicio de los derechos; uso adecuado y proporcional de los tipos y mecanismos previstos en el ordenamiento; liberación de los presos políticos antes de los juicios, y la investigación objetiva del 1 de octubre, tal como exige el Consejo de Europa.