Viviendas que se evaporan
Sant Just Desvern es uno de los municipios de Catalunya con los precios de la vivienda más altos. Es así desde hace muchos años. En la década de los noventa, el Ayuntamiento de esta población empezó a constatar un grave problema habitacional: los jóvenes tenían que marcharse ante la imposibilidad de encontrar un piso a un coste asequible para sus bolsillos. La expulsión de los vecinos a causa de los precios de la vivienda no es un problema exclusivo de la ciudad de Barcelona y las consecuencias para Sant Just eran especialmente preocupantes puesto que se veía abocada a tener una población de alto poder adquisitivo, pero envejecida, sin jóvenes, ya que estos se veían obligados a irse a vivir a otras poblaciones vecinas.
Sant Just fue de los primeros municipios del área metropolitana en disponer de un plan de vivienda protegida y en reservar suelo para edificarla. Se puso manos a la obra mucho antes que otras ciudades del entorno metropolitano. Construyó una promoción pública de venta junto al Walden 7 que dio acceso a muchas parejas que empezaban una nueva vida. ¿Qué pasó? A los diez años las viviendas construidas con dinero público perdieron la protección y algunas de ellas, no todas, es cierto, se vendieron por cifras astronómicas, aupadas por los precios alcistas que históricamente se registran en esta población.
Lamentablemente, lo ocurrido en Sant Just no es un hecho aislado. En Catalunya
Desde 1981 se han construido 250.000 pisos protegidos y menos de la mitad siguen siendo públicos
cada año se evaporan más viviendas protegidas de las que se construyen. Este año está previsto que pierdan la calificación 11.685 pisos y el año que viene más de 6.000. Desde 1981 en Catalunya se han construido 250.313 viviendas públicas de venta y alquiler y actualmente sólo mantienen el adjetivo de protegidas 133.412, de las que el 20% están en régimen de arrendamiento. No todas acabarán en el mercado de venta libre, pero la merma es considerable.
Hagan cálculos sobre la pérdida patrimonial que hemos sufrido en estos años. Unos años en los que la vivienda se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para muchos catalanes que han sufrido lo indecible para mantenerse en sus casas o que las han perdido ante la imposibilidad de pagar el techo en el que vivían. Hagan cálculos del parque público del que dispondríamos ahora si las reglas hubieran sido otras y estas viviendas continuaran siendo propiedad de la administración que las edificó. Hagan cálculos de la inversión y del esfuerzo económico en estos años de dura crisis habitacional.
Son muchos los ayuntamientos, el de Barcelona entre ellos, que reclaman prolongar la vigencia de esta clasificación para disponer de un parque de vivienda público real. La Generalitat tiene intención de estudiar la situación, pero es urgente poner en la mesa este debate y acabar con la privatización de unos pisos construidos para ayudar a las familias más desfavorecidas para que, en el futuro, continúen auxiliando a los que no pueden acceder a una vivienda. Sobre todo cuando hay más de 116.000 en lista de espera.