Los fiscales de EE.UU. revelan por error que han imputado a Assange
El riesgo de extradición crece para el fundador de Wikileaks, refugiado en Londres
El recurrido comando informático de ‘cortar y pegar’ lo carga el diablo, acaban de descubrir aparentemente los fiscales del Departamento de Justicia estadounidense después de revelar por error que han imputado a Julian Assange, fundador de Wikileaks, por delitos que se desconocen. Aunque estudiaron presentar cargos criminales contra él por publicar en el 2010 una filtración masiva de documentos gubernamentales, nunca dieron el paso.
La imputación de Assange hace aún más precaria su situación en la embajada de Ecuador en Londres, en la que encontró refugio en el 2012. El nuevo Gobierno de Lenín Moreno, deseoso de estrechar lazos comerciales con Estados Unidos, le advirtió en julio que su situación había llegado a un punto crítico y le acusó de violar el acuerdo de no injerencia en los asuntos de terceros países firmado en su día con Rafael Correa. Si no quiere perder su condición de asilado, la embajada le ha ordenado abstenerse de hacer comentarios políticos y mantener limpio su espacio (en especial el baño) y cuidar de su gato si no quiere que se lo confisquen, de acuerdo con el documento publicado por el portal ecuatoriano Codigo Vidrio. El futuro de su famoso felino es el menor de sus problemas. Si Assange debe responder de algún cargo ante un tribunal estadounidense, primero deberá ser detenido y extraditado.
La imputación se ha conocido por casualidad. Un experto en terrorismo de la Universidad de Georgetown, Seamus Hughes, difundió anteanoche en Twitter el extracto de un documento presentado en agosto por un fiscal federal en Virginia. Entre los argumentos para mantener sellado y secreto otro caso que nada tiene que ver con Wikileaks cita, de repente, el nombre de Assange. El pasaje parece haber sido copiado accidentalmente de otro documento. “Debido a la sofisticación del acusado y la publicidad que rodea al caso, ningún otro procedimiento podría mantener confidencial el hecho de que Julian Assange ha sido imputado”, afirma el pasaje del texto, que recomienda mantener los cargos en secreto hasta que Assange “sea detenido y ya no pueda evitar su arresto y extradición” por los cargos criminales presentados contra él.
Un portavoz del fiscal federal de Virginia dijo ayer que el nombre de Assange apareció por error en el documento. Horas más tarde, el Departamento de Justicia confirmó que la Fiscalía ha inculpado al polémico activista, aunque sin precisar los cargos que se le imputan. La Administración Obama sopesó acusarle de violar la ley de espionaje, robo de material gubernamental o conspirar junto con Chelsea Manning, condenado por la sustracción. Finalmente, para no agravar la situación, la Casa Blanca optó por no actuar como sí hizo con otros casos de filtraciones informativas. El activista australiano, de 47 años, volvió a interesar al Departamento de Justicia tras la filtración masiva de correos electrónicos robados por hackers rusos al Partido Demócrata. “Adoro WikiLeaks”, se congratuló el entonces candidato presidencial, Donald Trump. El fiscal especial sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016, Robert Mueller, está investigando el incidente, así como los contactos entre la campaña de Trump y Wikileaks. Por el momento se desconoce si los cargos presentados contra Assange guardan relación con estos hechos.
Varias asociaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos civiles se han posicionado contra la posible detención de Assange, que hasta el año pasado estaba acusado de dos cargos por violación y agresión sexual en Suecia. “La persecución del señor Assange por las publicaciones de WikiLeaks sería inédita y crearía un precedente que permitiría llevar a cabo investigaciones penales a los medios de prensa”, alertó ayer la Unión Americana de derechos Civiles (ACLU). Esta es también la línea de defensa de Assange: “Que el gobierno presente cargos contra alguien por publicar información veraz es una senda peligrosa para la democracia”, advirtió ayer su abogado estadounidense, Barry Pollack.
Asociaciones de defensa de derechos civiles denuncian que los cargos amenazan la libertad de prensa