Una ley irresponsable

El proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por el Gobierno tiene por objetivo avanzar hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Ese loable fin no está en discusión pero sí cabe cuestionar los medios elegidos por el Gabinete socialista para alcanzarlo: una estrategia propia de un sistema de planificación central a través del cual se pretende diseñar el futuro de un sector relevante de la industria catalana y española, el de la automoción. En eso se traduce la intención gubernamental de prohibir la matriculación de todos los vehículos salvo los eléctricos y los de hidrógeno en el horizonte del 2040. Esta medida se plantea sin prestar atención alguna a las negativas consecuencias sociales, económicas y medioambientales generadas por su implantación.

De entrada, el plan gubernamental afecta de manera directa a las expectativas de los consumidores y, por tanto, a sus decisiones. A raíz de la crisis, la vida media del parque automovilístico en las Españas ha pasado de 9 a 12,2 años. Esto significa la existencia de una demanda potencial acumulada, que ante un escenario de expansión económica tiende, ceteris paribus, a materializarse en la adquisición de coches nuevos y, en consecuencia, en la renovación de la flota. Ahora bien, la determinación del Gobierno de sacar del mercado los automóviles que usan gasolina, gasóleo, híbridos autogás o gas, opciones preferidas por el 99,5% de los ciudadanos, desincentivará su venta a corto y medio plazo porque nadie invierte en un bien duradero que presenta una tendencia cierta a perder utilidad y valor a largo.

Si se acepta el anterior razonamiento, la compraventa de automóviles tendrá una trayectoria declinante que se acentuará a medida que se consoliden las iniciativas legales prohibicionistas. Esto conduce a una caída de la producción de las plantas de coches ubicadas en España, lo que tendrá un efecto depresivo sobre otros sectores industriales. En concreto, los proveedores de componentes verán descender la demanda y arrastrarán a la baja la de industrias auxiliares como la de estampadores de chapa, los fundidores de piezas de bloque, los inyectores de plástico, los forjadores de pieza o los concesionarios. Por supuesto, los concesionarios sufrirán el consiguiente quebranto en su volumen de negocio. Si se tiene en cuenta que las Españas son el segundo fabricante de coches de Europa y el octavo del mundo, que esta industria genera 220.000 puestos de trabajo con salario superiores a la media, el tema es preocupante.

A pesar de esos daños sobre la economía y el empleo cabría imaginar que la legislación impulsada por el Gobierno es positiva para el medio ambiente. Sin embargo, sucederá lo contrario. Si no se compran vehículos y no se moderniza el parque, este envejece por definición. El problema central de la contaminación por emisiones, en especial los óxidos de nitrógeno (NOx), no es atribuible a los coches en términos genéricos sino a los viejos. Las emisiones de un diésel moderno son seis veces inferiores en términos de NOx y diez veces menos en partículas que las de uno de hace quince años y equivalentes a las de un vehículo de gasolina. Si no se renueva el parque porque los ciudadanos deciden demorar la compra de un vehículo o renuncian a hacerlo ante la incertidumbre creada por la legislación, las emisiones no descenderán.

Por lo que se refiere al calentamiento global, un automóvil de doce años, edad media de los que ahora circulan, consume y emite un 15% más de CO2 que uno nuevo. Esto significa que, si el parque se renueva a lo largo de los próximos años bien sea por adquisiciones de coches de diésel, gasolina, autogás o gas natural, el nivel de emisiones caería de manera drástica. En otras palabras, las fuerzas del mercado producirían ese efecto benéfico con menor coste y con un impacto inferior sobre la actividad productiva y sobre el empleo que el generado por el intervencionismo gubernamental basado en criterios de voluntarismo ideológico.

La propuesta de eliminar los automóviles con motores de combustión interna a partir del 2040 refleja una carencia no ya de realismo sino de rigor intelectual. Es una expresión de la fatal arrogancia descrita por Hayek. ¿Cómo sabe el Gobierno qué tecnologías existirán dentro de veintidós años? ¿Cómo sabe que las emisiones totales de CO2 de un coche eléctrico serán entonces inferiores a las de un híbrido, un diésel, uno de gas o de gasolina? ¿Es capaz de anticipar la evolución tecnológica del motor de combustión? ¿Puede afirmar que la actual intermitencia de la electricidad, por muy renovable que sea la generación, será superada y no se necesitará quemar gas para producir la energía eléctrica sobre la que quiere asentar el parque móvil? La respuesta a esos interrogantes es evidente: no.

El respeto al medio ambiente y la reducción de emisiones de CO2 son una parte esencial de la agenda política y económica en todas las sociedades avanzadas. Ahora bien, su desarrollo ha de traducirse en una mejora de los niveles de vida y de bienestar de todos. Por eso, su implantación ha de realizarse desde la neutralidad tecnológica porque nadie tiene la facultad de conocer el futuro, por lo que primar unas tecnologías sobre otras no es sólo un ejercicio de arbitrariedad sino una injustificada transferencia de rentas de todos hacia los fabricantes de las elegidas por el Gobierno. Lo racional es fijar unas reglas del juego a las que han de someterse todas las tecnologías disponibles y que estas compitan entre sí. Como escribió Eugenio D’Ors: “Los experimentos se hacen con gaseosa”.

Quizá la ley de Cambio Climático elaborada por el Gabinete socialista no sea aprobada o quizá sea uno de los habituales globos sonda gubernamentales condenados de desinflarse. Sin embargo, ya se han creado unas expectativas lesivas para la producción y el empleo de una de las industrias con mayor peso en el PIB. Además, este escenario de incertidumbre no limita sus alcances y efectos al ámbito del Estado. Será tenido en cuenta por las casas matrices de los fabricantes de automóviles con presencia en las Españas y lo tendrán muy presente cuando decidan si fabrican aquí sus próximos modelos o mantienen la producción de los existentes. Cuando la ideología se divorcia de la realidad, los resultados son siempre malos.

Si no se renueva el parque automovilístico porque los ciudadanos deciden demorar la compra de un vehículo o renuncian ante la incertidumbre, las emisiones no descenderán

La propuesta de eliminar los automóviles

con motores de combustión interna a partir del 2040 refleja una carencia no ya de realismo sino de rigor intelectual