Sánchez mantiene su agenda pese a los rechazos de Torra
El Gobierno continuará desistiendo de los recursos ante el Constitucional presentados por el ejecutivo de Rajoy La Moncloa trabaja intensamente en la preparación de la reunión con el presidente de la Generalitat
Pedro Sánchez tiene previsto mantener su agenda catalana pese a los desaires de Quim Torra. O pese a que ERC y el PDECat le impidan tramitar los presupuestos con los que contaba para intentar agotar su mandato en el 2020. Así lo confirman fuentes gubernamentales, porque, como siempre dicen, sus propuestas e iniciativas no se dirigen a ERC o el PDECat, o no sólo a sus votantes, sino al conjunto de la ciudadanía catalana. La Moncloa quiere seguir teniendo la mano tendida, pese a la actitud de “frontón” que atisba en la Generalitat. El Gobierno, así, sigue trabajando en los desestimientos de recursos del Estado contra leyes catalanas de carácter social, ahora las de la agencia de cooperación social y la de cambio climático.
Pero Sánchez tiene dos fechas singulares remarcadas en su calendario inminente, como termómetro para tomarle definitivamente la temperatura al Govern y a los partidos que lo sustentan. El 12 de diciembre protagonizará un pleno monográfico sobre Catalunya en el Congreso, a demanda de ERC y el PDECat. Y una semana después, el 21 de diciembre, reunirá al Consejo de Ministros en Barcelona y prevé mantener una cita también con el presidente de la Generalitat. Dos citas en las que ya se está trabajando tanto en la Moncloa como en el Ministerio de Política Territorial de Meritxell Batet y en la Delegación del Gobierno en Catalunya que dirige Teresa Cunillera.
A partir de ese momento, a finales de diciembre, el proyecto de los nuevos presupuestos de Sánchez quedará visto para sentencia. Pero si los partidos independentistas le impiden proseguir con su plan A, que es tramitar y aprobar las nuevas cuentas, simplemente pasará al plan B: los presupuestos de este 2018 que heredó de Mariano Rajoy se prorrogarán de manera automática el próximo 1 de enero, el Gobierno ni presentará las nuevas cuentas –“no vamos a marear a los españoles”, admitió Sánchez el viernes– y las principales medidas anunciadas, como la subida del salario mínimo a 900 euros, se aprobarán como reales decretos leyes por el Consejo de Ministros para su posterior convalidación en el Congreso.
El propio Sánchez advirtió, no obstante, que “no deja de ser contradictorio” que ERC y el PDECat estén dispuestos a aprobar estos decretos leyes y, en cambio, rechacen que los presupuestos siquiera se puedan tramitar en el Congreso. El presidente, en todo caso, no quiere que quede en evidencia en una votación –como sería la de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos– la ruptura de la mayoría absoluta que hace apenas cinco meses respaldó la moción de censura que desalojó a Rajoy y le confió las llaves de la Moncloa. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió el viernes en que “los de la moción de censura tenemos mayoría absoluta en el Congreso”. Si no para aprobar los nuevos presupuestos, sí para que estos decretos leyes vayan recibiendo luz verde de uno en uno. Sánchez podrá seguir aferrándose así a su máxima: “El Gobierno gobierna”. Y, según pretende, prolongar su mandato. La justificación es anteponer a todo
la estabilidad política e institucional, para poder desplegar todo lo posible su “agenda del cambio”.
De momento, no obstante, el Gobierno abrió las negociaciones presupuestarias con el PNV. La intención, buscando un efecto dominó, era que un pacto con los nacionalistas vascos acabara arrastrando al acuerdo al independentismo catalán. Pero en el PSOE también asumen que el inminente juicio del 1-O, y las elecciones municipales de mayo donde ERC y el PDECat empezarán a dilucidar su pugna por la hegemonía del independentismo, mantendrá a ambos partidos alejados de cualquier acuerdo de calado con el Gobierno central. “Con las fuerzas soberanistas catalanas no hemos abierto todavía ningún tipo de negociación, porque se están negando a hablar sobre presupuestos”, admitió Sánchez. “Tanto critican la politización de la justicia, y lo que pretenden es judicializar la política”, lamentó. Pero reiteró su disposición a negociar con ERC y el PDECat “cómo mejorar los presupuestos”. Es decir, que los 2.200 millones de euros que reportarían a la Generalitat las nuevas cuentas se podrían incrementar en la tramitación parlamentaria. Sánchez insistió en que eso está en su mano, pero no “un cambio de posición en el poder judicial” ante el proceso contra los líderes independentistas. “Saben que es imposible, porque este es un Estado social y democrático de derecho y por tanto el poder judicial es autónomo”, zanjó.
Mientras tanto, Torra espera la sentencia del 1-O. Ya dejó claro en septiembre que ese debe ser el “momentum” en el que se pondrá a disposición del Parlament para hacer lo que decida la Cámara. No obstante, la resolución judicial llegará después de las elecciones municipales del 26 de mayo. Torra fija su vista también en esos comicios, pues cree sería un “paso esencial” que las formaciones independentistas se impongan “para hacer efectiva la república” catalana.
Así lo expresó ayer durante un acto en Sant Celoni (Barcelona) de XX asamblea de la Associació Catalana de Municipis (ACM). “Esta república que anhelamos y que queremos hacer efectiva pasa por las próximas elecciones municipales”, insistió. Y aseguró que “no hay alternativas” a la consecución de la independencia: “No nos valen ni migas ni panes; queremos el horno entero”. En un momento en el que las tres formaciones parlamentarias independentistas –JxCat, ERC y la CUP– no mantienen la mejor de las relaciones, Torra hizo en todo caso un llamamiento a superar las “discrepancias”.
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