De la épica a la huelga de funcionarios
Mientras el president Torra asegura que se le ha retirado el apoyo a Pedro Sánchez, su Gobierno intenta conseguir más recursos del Ejecutivo socialista. No en vano aflora el malestar en los médicos y en el resto de empleados públicos.
Atenor de lo dicho por Iñigo Urkullu durante su comparecencia pública después de almorzar con Quim Torra, el lehendakari debió de ser muy explícito y nítido en su encuentro a solas con el president. Los peneuvistas lo tienen claro: quieren que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa hasta el final de la legislatura y aconsejan a Torra que contribuya a ello. La más mínima posibilidad de que Ciudadanos alcance el poder junto con el PP pone los pelos de punta al PNV, dada la opinión de Albert Rivera sobre el concierto económico vasco. Si Urkullu no entendió que
Carles Puigdemont declarara la independencia hace un año, tampoco comprende para qué Torra amenaza cada día a Sánchez con provocar su caída.
Los peneuvistas creen que el independentismo catalán actuó con escasa pericia al condicionar en público el apoyo a los presupuestos a la situación de los presos. La dirección del PNV considera que Sánchez necesita una “pista de aterrizaje más larga”.
En eso coincide con la del PDECat, pero esta se encuentra muy sometida a las directrices de Waterloo. Por eso, el encuentro entre Urkullu y Torra no pudo pasar de “correcto” y al president se le vio más cómodo en su reivindicativo discurso del Kursaal de San Sebastián, con abrazo a Arnaldo Otegi incluido, gesto que para algunos reductos del PDECat suscita una reacción ideológica urticante. Y así, mientras Urkullu pedía avanzar en la “distensión”, Torra replicaba que “la respuesta del Estado (al apoyo en la moción de censura) han sido 214 años de cárcel”, en referencia la petición de la Fiscalía, por lo que daba por retirado el apoyo a Sánchez.
En efecto, a Torra le importa poco el curso de la legislatura española. De hecho, él mismo espera estar poco tiempo al frente de la Generalitat. Pero no ocurre lo mismo en buena parte de su propio Gobierno. Tanto el vicepresidente Pere Aragonès
(ERC) como la consellera de Presidència,
Elsa Artadi (JxCat), están en los albores de sus carreras políticas y necesitan acreditar capacidad de gestión y negociación. Son conscientes de que la Generalitat precisa de recursos y, aunque los presupuestos de Sánchez mejorarían la capacidad de Catalunya para atender a muchas demandas, no serían capaces de explicar emocionalmente a sus electores un voto favorable. Por eso, buscan otras fórmulas, ya que en Catalunya se están incubando protestas, por ejemplo en la sanidad o entre los funcionarios, que pueden complicar la vida al Govern. Sacar adelante medidas mediante decretos ley también interesa a la Moncloa, puesto que permite avanzar en su agenda sin ofrecer una imagen de supeditación a los independentistas.
El PDECat y ERC podrían ayudar, por ejemplo, a sacar adelante la nueva senda de déficit propuesta por Sánchez a partir del margen que le permite Bruselas. Se pasaría así del 0,1% al 0,3%, algo que beneficiaría a todas las autonomías y que, en el caso catalán, supondría disponer de casi 500 millones más de gasto. La situación de la Generalitat no es boyante. Tiene por delante el anuncio de una huelga de funcionarios el 12 de diciembre, que afectaría a 250.000 profesionales, desde administrativos a médicos o bomberos. Los funcionarios están molestos después del anuncio del Govern de que la devolución de las pagas extras se prolongará ocho años. Catalunya es la única comunidad que no ha retornado ese dinero. La Generalitat recortó las pagas del 2012, 2013 y 2014 y sólo ha devuelto la del primer año. Cada una supone un desembolso de 550 millones.
Una huelga de funcionarios –unida a la de los médicos de primaria– es, sin duda, un trago amargo para un ejecutivo en pleno ciclo electoral. El Govern, además, tiene que aprobar su propio presupuesto y los comunes son el único aliado posible. Es muy difícil convencerles si las cuentas no revierten los recortes de los peores años de crisis. Ante este panorama, el Gobierno socialista aparece como el único asidero al que acudir para lograr más recursos, por más que Artadi recurra a la vieja máxima de que la única culpa de que los funcionarios no cobren es de Sánchez.
La política catalana avanza en dos planos paralelos que revelan una incoherencia entre el relato de la resistencia y la práctica. Una huelga de funcionarios carece de la más mínima épica. El juego de escenificaciones es evidente. Como el que combina en un mismo día la cortés, pero fría, visita al lehendakari con la fraterna calidez del encuentro con Otegi.