Una elección que acabará en la justicia europea

Dos asociaciones de jueces, la Francisco de Vitoria –segunda en número de afiliados, con más de 800–, y Foro Judicial Independiente, han anunciado recursos contra el proceso de elección del que va a ser el próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y más en concreto contra la designación de su presidente, Manuel Marchena, como fruto de un pacto entre PP y PSOE, y no como resultado de los acuerdos entre los vocales de a cúpula judicial, como está legalmente previsto. Las esperanzas de que prosperen estos recursos son mínimas, por no decir nulas –iniciativas similares fracasaron en una ocasión anterior, cuando fue elegido el presidente que ahora acaba su mandato, Carlos Lesmes–, pero el objetivo es dar el salto a la justicia europea. Para ello resulta preciso que el Supremo primero y el Constitucional después rechacen las impugnaciones, y luego uno o varios jueces que legítimamente puedan alegar que se han visto perjudicados por este proceso acudan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exponiendo las circunstancias de la supuesta discriminación. Gobierno y PP, en cambio, se muestran muy convencidos del encaje legal de la renovación que han pactado. La lista definitiva de los 20 vocales elegidos se conocerá el próximo jueves. Mientras, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, defendió ayer el acuerdo con el argumento de que debe haber una conexión entre la voluntad popular representada en el Parlamento y el proceso de renovación de las instituciones. Una tesis que siempre estuvo en el fondo de los sucesivos pactos entre PP y PSOE, sobre todo desde que otras formaciones hicieron causa común contra el predominio del bipartidismo.