Sanidad universal: la generosidad tiene costes
Imagínese usted que está de vacaciones en Alemania, tiene una indisposición y acude a un centro sanitario. Presentando su tarjeta sanitaria europea, será atendido de manera gratuita, beneficiándose del acuerdo que permite a los ciudadanos de la UE recibir tratamiento médico en cualquier país miembro. Ahora bien, este servicio no será gratuito para las arcas públicas españolas, ya que Alemania le pasará la factura a España por los servicios prestados.
Hasta aquí no habría problema si los sistemas de reembolso entre países funcionasen, pero la realidad es que este sistema en España hace aguas desde hace años. Tal como ha señalado el Tribunal de Cuentas en su informe n.º 937 del año 2010, una parte importante de los servicios sanitarios realizados en España a pacientes extranjeros no son facturados a sus países de origen por ineficiencias en el modelo de gestión, siendo asumidos por el sistema público de salud.
Veamos algunos números que nos hagan entender la magnitud de la tragedia. España recibe una cuota mensual en concepto de asistencia sanitaria por todos los extranjeros que residen legalmente en nuestro país. En el 2009 España facturó por un total de 103.672 pensionistas, aunque el total de pensionistas extranjeros censados era de 231.364. Es decir, España no facturó el 65,2% de los pensionistas europeos residentes en nuestro país. Si nos fijamos en un país concreto, vemos que el importe facturado por Alemania por los españoles que visitaron ese país fue un 477,2% superior a la facturación emitida por España por los alemanes que visitaron el nuestro. A primera vista ya vemos que estas cifras no son acordes con el flujo real de ciudadanos entre ambos países.
España es receptora neta de turistas y extranjeros en un mundo con cada vez más movimientos de población. Esto hace imprescindible que seamos más rigurosos en los criterios de facturación y de concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros. Sorprende que, según el citado informe del TdC, en el año 2010 residían en España 453.349 personas de la UE titulares de tarjeta sanitaria española por carecer teóricamente de recursos económicos, que generaron un coste de 451,5 millones de euros al año.
Desde que el concepto de “asistencia gratuita y universal” ha entrado en el debate político se hace cada vez más difícil un análisis racional de la cuestión, imponiéndose la interpretación de servicios sanitarios para todos, en el sentido literal del término, y sin un coste asociado. Sin embargo, la sanidad pública no es gratuita y genera un gasto que representa aproximadamente el 50% de los presupuestos de las comunidades autónomas, que financiamos entre todos con nuestros impuestos.
Atender a las personas sin recursos es una obligación moral, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir financiando a muchos ciudadanos europeos que cotizan en su país y consumen en el nuestro? Parece urgente hacer las reformas estructurales necesarias para implementar los derechos y obligaciones que tenemos como país en virtud de los acuerdos internacionales. Quizás esos recursos adicionales los podríamos dedicar a incrementar las retribuciones de nuestros profesionales para acercarlas a la media europea.