¿Debemos defender el espíritu del 78?
La expresión “régimen del 78” forma parte hoy del instrumental retórico utilizado por los críticos del sistema político y económico actual. La locución se utiliza para señalar los grandes problemas de nuestra democracia: negación de la plurinacionalidad, connivencia entre poderes económicos y políticos, debilidad de los derechos sociales y gestos autoritarios de algunos agentes políticos y jurídicos... Todo ello sería consecuencia del régimen que nació en 1978.
Sin dejar de compartir el diagnóstico crítico, dudo de la conveniencia de utilizar esta expresión, no ya por contener la palabra “régimen”, sino por referirse a 1978. Valorar ese momento a la luz de la crisis actual no nos deja ver que parte importante de lo que sucede hoy no tiene tanto que ver con 1978 sino con el despliegue del texto constitucional que se da después, sobre todo a partir de 1981. También tiene parte de responsabilidad la apropiación indebida que de la Constitución han hecho algunas instituciones y partidos.
E
speranza y miedo
En mi opinión, el 1978 daba fin a una fase de la transición marcada por la esperanza, pero también por el miedo, la violencia y las inercias institucionales del pasado. Ese año daba inicio a un nuevo sistema que, con la Constitución en mano, permitía un desarrollo amplio de los derechos individuales y colectivos, una reforma del Estado y un progreso social y cultural que nos aproximase a nuestros vecinos europeos. De ahí el éxito del referéndum: no es difícil imaginar que, para una mayoría de los votantes, ese día se cerraba una dictadura y se iniciaba una democracia en la que se podría conseguir lo que se había aparcado durante la transición.
Obviamente la propia Constitución
estuvo determinada por su contexto y seguramente por eso no reconoció derechos colectivos como el de autodeterminación, no rompió con el sistema electoral diseñado en la Ley de reforma política ni tampoco incluyó un relato oficial sobre la dictadura y sus crímenes. Pero eso no significa que no tuviese un enorme potencial para transformar la realidad.
Creo que el origen de muchos de nuestros males no hay que buscarlo tanto en el 1978, sino en los años posteriores. El despliegue de la Constitución, sobre todo después de febrero de 1981, en parte se distanció del pacto constitucional original. Además, durante el primer gobierno de Aznar se inicia un proceso de apropiación y significación de la Constitución, que lejos de revertirse, se ha acentuado en los últimos años. Veamos algunos casos.
U
n modelo uniformizador
El modelo territorial que se desarrolló, uniformizador en su esencia, no respetaba el pacto territorial sellado en 1978, que buscaba el acomodo de las naciones periféricas. Pese al fracaso de la LOAPA, esos años mostraron los límites de la interpretación restrictiva de la Constitución. La tendencia recentralizadora del Tribunal Constitucional a partir de 1996 y también de diversos gobiernos acabaron por distanciar el Estado autonómico del pacto territorial original.
La falta de reforma de la administración después de 1978 permitió la continuidad de comportamientos y concepciones de la nación y de las instituciones propias del pasado. Esto ha tenido consecuencias especialmente negativas en el ámbito del poder judicial. La falta de reformas y un obsoleto sistema de selección y formación de jueces permiten que elementos de la vieja cultura jurídica del pasado se hayan ido reproduciendo hasta hoy, con las consecuencias que están a la vista de todos.
El desarrollo de la Constitución, además, cerró los tímidos intentos de reparación de las víctimas de la dictadura que se habían iniciado durante el gobierno Suárez. Se renunció por tanto a elaborar un relato institucional sobre el pasado franquista alternativo al de la dictadura.
Celo judicial
En los ochenta no todo fue cierre por arriba y renuncias al potencial de la Constitución. El Tribunal Constitucional de Tomás y Valiente, Rubio Llorente o Cruz Villalón intentó importar una cultura constitucional moderna, similar a la de la República Federal de Alemania, pero el Tribunal Supremo batalló para restarle poder al Constitucional imponiéndole parte de una cultura jurídica del pasado que no termina de diferenciar derecho y política y en la que, como decía Tomás y Valiente, los jueces son “más celosos de su aparente apoliticismo que de su independencia”.
Esta deriva no fue únicamente fruto de unos acuerdos entre las elites políticas y económicas madrileñas y periféricas. La mayoría de la sociedad española de los ochenta y noventa no mostró mucho interés en un giro que recuperase los deseos de transformación de los años anteriores. Hubo pocas voces como la de Rafael Chirbes, que en esos años denunciasen la apatía social de esos años de boom económico.
José María Aznar entendió el momento y, a partir de esta situación, inició un proceso de apropiación y resignificación de la Constitución. Para ello no fue necesario cambiar ni una sola coma del texto de 1978: bastó colocar a personas leales a un proyecto político al frente de determinadas instituciones del estado. Así, el Tribunal Constitucional comenzó en esos años su proceso de politización y de pérdida de neutralidad (y de prestigio) que continúa hoy sin visos de remediarse. Así triunfó un proyecto de apropiación y significación política de la Constitución de 1978 por parte de los sectores políticos más conservadores y nacionalistas que se ha agravado especialmente en los últimos meses.
G
rave crisis
El momento de grave crisis que vivimos es en buena parte resultado del desarrollo de la Constitución, no de su momento originario. Recuperar los elementos positivos del pacto de 1978 hoy pasa necesariamente por una resignificación y una reapropiación del texto constitucional. Pensar en 1978 puede ayudar a acabar con la patrimonializacion de la Constitución por unos pocos, para reelaborar el pacto territorial, roto por varios golpes recientes y lejanos y para profundizar en la democracia. Quizás, por contradictorio que parezca, para acabar con el “régimen” será necesario reivindicar el 78.
El TC comenzó un proceso de politización y de pérdida de neutralidad (y de prestigio) que continúa hoy sin visos de arreglarse
Hay que pensar cómo mejorar, reformar o rehacer el marco constitucional, que necesitamos para que el trabajo (la vida) decente sea una realidad