Paro judicial para pedir medios y plena garantía de independencia
La huelga de jueces y fiscales registra un seguimiento de entre el 50% y el 60%
Todas las asociaciones de jueces y fiscales llamaron ayer a un paro que tuvo un amplio seguimiento en toda España. Los convocantes lo situaron entre el 50% y el 60%. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habló del 46,88%. Se trataba de reclamar respuestas para la demanda de mejoras en las condiciones en que estos colectivos realizan su labor, y al mismo tiempo de exigir garantías para el ejercicio de su tarea sin presiones políticas y con plena independencia.
Una treintena de magistrados del Tribunal Supremo (TS) apoyó la convocatoria, aunque sólo pararon seis. El mismo número respaldó efectivamente la huelga en la Audiencia Nacional. Y los presidentes de todos los Tribunales Superiores de Justicia mostraron su solidaridad con los huelguistas por las “graves carencias crónicas”.
El contexto del pacto para renovar la cúpula de la justicia sirvió de perfecto telón de fondo para la huelga, porque dio nuevos motivos para justificarla. En muchos ámbitos de la carrera judicial el acuerdo ha provocado preocupación porque parece dejar a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, en un papel de aparentes comparsas de los partidos políticos, en este caso PP y PSOE. Y ello porque ambas formaciones han dado por hecho el nombre del nuevo presidente de dicha institución y del Supremo antes de que los propios vocales tomen posesión y voten sobre su elección.
Pero aun sin este episodio, la huelga se hubiera producido igual, porque jueces y fiscales creen llegado el momento de pisar fuerte el acelerador de sus reivindicaciones. En parte, porque las vienen planteando desde hace años, sin haber obtenido compromisos importantes. Y también en otra parte porque ahora se sienten más legitimados que nunca, dado que al frente del Ministerio de Justicia se encuentra una fiscal progresista, Dolores Delgado, quien hasta hace pocos meses se movilizaba en defensa de las mismas reivindicaciones.
El argumento de las asociaciones profesionales es que si la hoy ministra compartía entonces sus reclamaciones, por qué no habría de atenderlas ahora. El problema, sin embargo, no se reduce a quién dirige el Ministerio de Justicia. La de ayer fue la segunda huelga de este año, después de la efectuada en mayo para defender las mismas reivindicaciones ante el gobierno del PP. Entonces y ahora las principales demandas se referían a la necesidad de “un importante esfuerzo inversor” para el sector. El objetivo sería incrementar el número de jueces y magistrados, equiparándolo a la media europea. Para ello habría que convocar al menos 250 plazas en los próximos cuatro años. En la actualidad la plantilla de jueces se sitúa alrededor de los 5.400 y la de fiscales sobre los 2.500.
Otra reivindicación importante consiste en la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial en las debidas condiciones. Se pide, en suma, que se pueda trabajar con el expediente judicial en términos que sean verdaderamente útiles y operativos, propios de la era digital. Para ello haría falta, entre otras cosas, “compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate”.
Tampoco son cuestiones menores las que afectan a la revisión de retribuciones con el fin de “recuperar los recortes de los últimos siete años”, que según las asociaciones han supuesto un 12% de descenso salarial. O la “implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo”, o la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente antes de su reducción en el 2012.
El Gobierno teme que si no se aprueban los presupuestos sea más difícil, si no imposible, atender estas reivindicaciones. Entre las asociaciones de jueces se estima que este argumento es un pretexto y que la suerte de la negociación presupuestaria no debería influir.
El telón de fondo del discutido pacto para renovar el Poder Judicial da mayor fuerza a la convocatoria