Poder erosionado
La desconfianza hacia la justicia y la insatisfacción por su actuación baten récords
En los últimos años la sensación de que la justicia española funciona insatisfactoriamente no ha dejado de crecer.
La justicia española no vive su mejor momento. En el plano doméstico, el estrambótico vodevil en torno a la sentencia sobre quién debía pagar el impuesto hipotecario ha dejado su imagen muy malparada ante la opinión pública. Y el espectáculo generado por la fallida renovación del Consejo del Poder Judicial parece haberle dado la puntilla. Ya antes, sin embargo, resoluciones como las que afectaban a la condena y puesta en libertad de los miembros de La Manada provocaron el desconcierto y la indignación de una gran mayoría de la sociedad española. Y en el plano internacional, la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el juicio de Arnaldo Otegi o los sonoros tropiezos del juez instructor del 1-O con varios tribunales europeos han contribuido a deteriorar la imagen de la justicia española. El problema es que, ya antes de que se produjeran esos incidentes, el balance de la opinión pública sobre la actuación del poder judicial era crecientemente negativo. Y las series del CIS lo confirman.
En los últimos 23 años la sensación de que la justicia española funciona insatisfactoriamente no ha dejado de crecer. Si en 1995 el porcentaje de quienes consideraban que la justicia actuaba “poco o nada satisfactoriamente” no llegaba al 60%, en los últimos cinco años se ha acercado al 80% y en julio pasado se elevó al 76%. Hoy, menos del 16% de los consultados cree que la justicia española funciona bien, una caída de ocho puntos con respecto a 1995, mientras que la opinión negativa ha crecido casi 20 puntos.
De hecho, en el listado de los principales servicios públicos, la justicia aparece como el que peor funciona, por delante de las pensiones y a gran distancia de la enseñanza, la sanidad o la seguridad ciudadana, que registran alrededor de 30 puntos menos en sus respectivas tasas de opiniones críticas. Y este dato se viene repitiendo pese a que la recesión y los ajustes tuvieron un severo impacto en el resto de los servicios públicos. Eso sí, las posiciones por grupos de votantes exhiben algún matiz al respecto. Concretamente, las opiniones negativas alcanzan al 66% de los votantes populares, al 75% de los electores socialistas, a casi el 80% de los de Cs y a más del 85% de los de Podemos.
Sin embargo, hay otro indicador aún más sensible, ya que afecta a la propia credibilidad del poder judicial: la confianza que suscita en los ciudadanos. Y ahí la evolución también es muy negativa. Si hace más de veinte años, menos de la mitad de los españoles confiaban poco o nada en el poder judicial, la tasa actual supera el 70%, con un crecimiento cercano a los veinte puntos en la última década y muy especialmente a partir del 2010.
Los porcentajes por recuerdo de voto son también muy representativos del mapa de la desconfianza en la justicia. Así, entre los electores del PP casi un 60% confiesa tener poca o ninguna confianza en la justicia, una opción que supera ligeramente el 70% entre los votantes del PSOE o de Ciudadanos y el 80% entre los de Podemos. Esas opiniones no son mucho mayores entre los votantes del nacionalismo catalán (un 74% entre los de ERC y un 84% entre los del PDECat), pero con una diferencia sustancial: mientras la media de quienes no tienen ninguna confianza en la justicia alcanza a un tercio de los españoles (aunque cae al 22% entre los electores del PP y se eleva al 42% entre los de Podemos), el porcentaje entre los votantes de ERC se acerca al 50% y roza el 60% entre los del PDECat.
La justicia debe ser ciega, pero quienes la administran no deberían cerrar los ojos ante estos datos. Ni consolarse con que el Gobierno o el Parlamento presenten indicadores algo peores.
Más del 70% tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial y casi un 80% considera que la justicia no funciona bien