Un kleenex para Marchena

El artículo 117 de la Constitución sostiene que los jueces y los magistrados son independientes y responsables. La independencia supuestamente se garantiza en la ley orgánica del Poder Judicial en el estatuto de los jueces y en sus órganos de poder. La responsabilidad es otra cosa. Los jueces ya no hablan sólo por sus resoluciones. Eso era antes, cuando el nombre y apellido de quien instruía una investigación o firmaba la sentencia era irrelevante porque lo importante era impartir justicia. Cuando la desconfianza hacia el poder judicial bate récords –según el CIS, más del 70% de los españoles tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial–, la justicia con mayúsculas deja de ser justa por aclamación.

Se ha eliminado el latín de las sentencias, pero no la sombra de la duda. Una sombra alargada: se modifica la jurisprudencia a marchas forzadas alegando repercusión económica y social de resoluciones firmes que afectan a la banca. Y mortecina: el watsap de Ignacio Cosidó jactándose de controlar la Sala Penal del Supremo “desde atrás” con el pacto PPPSOE para situar al magistrado Manuel Marchena en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo.

El comunicado de renuncia de Marchena no sonaba a defensa de su independencia. Sonaba a pasado: “El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado es la mejor muestra que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado”. Marchena cree que un magistrado de su trayectoria y cargo aún habla a través de sus resoluciones, pero el juego político ya ha teñido sus decisiones en el juicio del 1-O. Su renuncia es responsable, su independencia…

Al inicio de su mandato, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ahora saliente, Carlos Lesmes, recordó a los jueces catalanes firmantes de un manifiesto a favor de una consulta que tenían la obligación de ser imparciales y neutrales. Entonces se puso en marcha una unidad de asuntos internos para determinar si había indicios de infracción disciplinaria en la actuación de los firmantes. La ley del Poder Judicial establece ciertas limitaciones a la libertad de expresión de los jueces y les conmina a que se abstengan de hacer valoraciones en los medios de comunicación sobre asuntos pendientes de resolución. No obstante, cuando intervienen los partidos y sus intereses en las designaciones de miembros de las más altas instancias judiciales lo que se tiene en cuenta es el tinte de las resoluciones, no su técnica jurídica.

Así, un militante del PP puede ingresar en el Tribunal Constitucional y acabar presidiéndolo acompañado en el pleno por magistrados que ostentaron el récord de intervenciones en jornadas de la FAES, como eran Enrique López y Pedro González Trevijano. Ahí estaba la autoría de referencias de difícil encaje jurídico sobre la cuestión catalana incluso antes de la crisis del 2017: “La eufemística monserga del derecho a decidir”, las “tribus territorializadas en busca de una inventada Arcadia feliz”, hasta se atrevían con advertencias al gobierno de los populares: “mirar hacia otra parte no es la solución”. ¿Resultado? La confianza en la justicia ha caído veinte puntos en la última década, principalmente desde el 2010, fecha de la sentencia cercenando el Estatut.

Las recusaciones planteadas en su momento por el Parlament no tuvieron futuro, como tampoco tiene visos de prosperar las presentadas por los líderes independentistas encarcelados en el Supremo contra Marchena por la dependencia política que le atribuye el mensaje de Cosidó. Con su renuncia, el magistrado se ha ganado una declaración pública de respeto desde la judicatura, pero una astracanada del PP ha truncado su proyección profesional. Y sólo puede utilizar kleenex en su lamento, un compañero suyo cree que usar la bandera española en la que se envuelve el PP sería delito.

El magistrado cree que aún habla a través de sus resoluciones, pero el PP ya ha teñido sus decisiones sobre el 1-O