España apuntala su posición en el núcleo duro europeo
A costa de irritar a sus socios amenazando con vetar el Brexit, Sánchez consiguió garantías sobre Gibraltar
Con el Aquarius, Pedro Sánchez se sentó a la mesa de los grandes, dijo una fuente europea a raíz de la decisión española en junio de acoger en València al barco cargado de migrantes rescatados al que Italia negaba el atraque. Fue una decisión audaz, no exenta de complicaciones posteriores, pero que supuso una entrada con fuerza del nuevo presidente español en el Consejo Europeo. En los meses siguientes, Sánchez se ha mostrado siempre convencidamente europeísta, invariablemente constructivo y nunca ha provocado problemas. Y así siguió hasta esta semana cuando llegó por sorpresa, “con nocturnidad y alevosía”, el ya famoso artículo 184 que, según interpretación española, dejaba en una peligrosa ambigüedad la relación de la Unión Europea con Gibraltar.
Sánchez se la jugó. No es poco amenazar con vetar todo el acuerdo del Brexit, tan difícilmente consensuado entre todos. No es baladí tomar el riesgo de provocar una crisis de grandes proporciones, pero la operación le dio resultado. Consiguió la garantía de que en cualquier acuerdo futuro entre la UE y el Reino Unido que afecte a Gibraltar, España tendrá que dar su visto bueno previo. Es decir, que controlará el proceso desde el principio. Cuando España entró en la UE, el Reino Unido le impuso sus condiciones respecto al Peñón. Ahora que los británicos se van, Madrid queda en situación más favorable.
Es cierto que no consiguió sus primeros y declarados objetivos. Ni modificar el acuerdo de Retirada, donde el artículo 184 sigue intacto, ni la declaración política que fija las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido. En este sentido, las órdenes de Berlín fueron tajantes. El acuerdo de Retirada no se toca. Tampoco tuvo mejor suerte con la declaración política.
A cambio, consiguió lo que Sánchez denomina “triple blindaje”. Por un lado, una declaración de los 27 y una carta del Reino Unido precisando la interpretación del famoso artículo en el sentido que interesaba a España. Y por otro lado, y más importante, una declaración de los 27 y la Comisión Europea que establece que cualquier acuerdo futuro que afecte a Gibraltar necesitará el “acuerdo previo” de España. Estas declaraciones no son jurídicamente vinculantes, pero desde el punto de vista político fijan de forma muy clara la posición de los 27.
Sánchez dejó de lado su rol de “buen chico que construye consensos” e irritó a sus socios con un problema totalmente interno que los demás ni conocen ni les interesa. Una fuente europea confirmó que la gestión de España del tema de Gibraltar había creado malestar. Es lógico. Los vetos de última hora por temas internos son sumamente molestos y en la UE siempre pagas un precio por utilizarlos. También le tocará a España hacerlo.
Pero Sánchez decidió jugar fuerte. La crisis de Gibraltar le llegaba con las elecciones de Andalucía a las puertas. No es casualidad que el Gobierno aprobara este mes un plan de inversiones de casi mil millones de euros para el Campo de Gibraltar. Además, que el presidente del Gobierno tuviera que gestionar la crisis desde Cuba, mientras la primera ministra británica, Theresa May, multiplicaba las visitas a Bruselas no ayudaba.
En público y en privado, Sánchez y su equipo se esforzaron en vender una versión extremadamente optimista del acuerdo, con expresiones del tipo “posición histórica”, “inmejorable” y con comparaciones con el tratado de Utrecht. Se intuye un punto de sobreactuación para compensar las críticas de la oposición, también para ganar puntos en Andalucía y, claro, para sumar una victoria que apuntale la estabilidad parlamentaria.
CAMBIO DE TALANTE Sánchez dejó de ser el “buen chico que fabrica consensos” para alzar la voz en la UE
EL FUTURO DE LA COLONIA Las declaraciones no vinculan jurídicamente pero tienen un gran peso político