“Escarbamos con nuestras manos”
Madres de desaparecidos en México se organizan para rastrear las fosas clandestinas ante el abandono del Estado
Hay casi 2.000 fosas clandestinas en México. En ellas se encuentran miles de desaparecidos, víctimas de la delincuencia organizada que controla grandes partes del territorio. Hacer frente a semejante problema requeriría un Estado eficaz y transparente. Pero en México existe “una burocracia criminal y negacionista” , según explicó uno de los autores de un nuevo informe sobre la violencia en México presentado el pasado lunes.
Para muchos mexicanos no queda más remedio que ir a buscar por su propia cuenta a sus queridos desaparecidos, vivos o muertos. Es el caso de Mirna Nereida Medina. Su hijo Roberto, de 21 años, desapareció a mediados del 2014. Fue secuestrado, con toda probabilidad, cuando vendía CD en una gasolinera en el municipio de El Fuerte en Sinaloa, uno de los estados más violentos.
Medina se juntó con otras madres de desaparecidos en Sinaloa y creó el grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, dedicado a buscar las fosas en las que las organizaciones delincuentes, a veces en colaboración con las fuerzas policiales, entierran a sus víctimas. Tres años después, Medina encontró el cadáver de su hijo en un descampado cerca de El Fuerte.
Casi 200 personas han logrado encontrar los cadáveres de sus familiares desde la creación de la organización. “Escarbamos en la tierra con nuestras propias manos”, dijo Medina en la presentación del informe, que ubica en un mapa digital las 1.978 fosas descubiertas en los últimos diez años en México en las que se han encontrado 2.884 cuerpos.
Es sólo la punta del iceberg. Según los datos oficiales, han desaparecido 37.485 personas en menos de 11 años (seis por semana), y muchas deben de estar enterradas en fosas comunes.
Cuando Las Rastreadoras empezaron a buscar a sus seres queridos, “estábamos trabajando fuera de la ley; las autoridades no querían reconocer que habían desaparecido”, explicó Medina en una entrevista con este diario. “Nos llamaban ‘las locas de las palas’”.
A veces, el Estado es el cómplice del terror. A veces es simplemente indiferente. “En muchos casos la policía encuentra a personas en fosas comunes y luego las vuelven a enterrar en otras; es una doble desaparición”, dijo Medina, integrante de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda que coordina los intentos de encontrar a los desaparecidos vivos o muertos. Una nueva ley, aprobada poco después de la creación de Las Rastreadoras de El Fuerte, ha establecido un marco legal en el que se puede localizar las fosas clandestinas.
Según el informe –elaborado por un grupo de antropólogos, forenses y periodistas coordinados por el medio de periodismo de investigación Quinto Elemento– los estados con más fosas son Veracruz y Tamaulipas. En ambos existen amplios indicios de colaboración entre los gobiernos estatales y la delincuencia organizada. Guerrero, en el sur de México, un foco de violencia y terrorismo estatal, donde desaparecieron los 40 estudiantes de Ayotzinapa en el 2015, es el tercer estado en el ranking de fosas. “En Guerrero ya tenemos casos de personas que han sido desaparecidas por denunciar la presencia de fosas clandestinas”, dijo Mario Vergara, oriundo de Guerrero, que ayudó a crear una brigada para buscar a los desaparecidos tras la desaparición de su hermano. Chihuahua y Sinaloa son los siguientes en la lista. El municipio con más fosas comunes se halla en el estado de Durango. “Yo estoy dispuesta a buscar con mis propias manos a mi hija”, dijo una mujer de Durango durante la presentación. Ocho
En el último decenio se han descubierto 1.978 fosas con 2.884 cuerpos; a veces el Estado es cómplice del terror
estados se negaron a proporcionar datos sobre las fosas comunes.
Pese a la gravedad de la situación, el informe es un indicio de que la sociedad civil ya empieza a destapar lo que el Estado ha ocultado. “Es un mapa no sólo del terror, sino de la resistencia de las madres”, declaró Carolina Robledo, una de los autores.
Las Rastreadoras confían en que el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Orador, que asume el mandato el próximo 1 de diciembre, acabe con la complicidad del Estado. “Esperamos que tenga más sensibilidad, al menos”, dijo Medina.