El transporte público en Barcelona
BARCELONA y el área metropolitana, con una población cercana a los 3,3 millones de personas, casi el 43 por ciento de las que viven en Catalunya, adolece de la falta de un transporte público completo y eficiente, cuyo ejemplo más sangrante son las Rodalies. No obstante, también tienen que ver con la paralización de la trascendental línea 9 del metro a causa de la crisis y con la ausencia de una planificación municipal de futuro, monopolizada los últimos tres años y medio por el proyecto de unión del tranvía en la Diagonal, una vez que se ha completado el nuevo sistema de la red de autobuses –el de las líneas horizontales y verticales– que ideó el alcalde Hereu hace más de ocho años, implementó el alcalde Trias y ha culminado la alcaldesa Colau. Apenas nada más en el horizonte.
Es cierto que en estos últimos meses algunas cosas se están moviendo en relación con una planificación racional de las infraestructuras del transporte en el área metropolitana de Barcelona y en Catalunya. El reciente nombramiento del ingeniero de caminos Pere Macias como coordinador del plan de Rodalies de Barcelona permite esperar una reactivación de los proyectos. Así se desprende de las reiteradas manifestaciones de que “el Estado está en deuda con Catalunya” del ministro Ábalos, que nombró a Macias para esta importante función, y del conocimiento atesorado por este desde la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques entre 1997 y el 2001, y como director técnico del proyecto de unión de los tranvías de Barcelona en el 2016. Aunque también es cierto que la urgencia de algunas cuestiones, que el reciente accidente ferroviario de Vacarisses puso en evidencia, reclama actuaciones inmediatas.
En todo caso, sería interesante que de cara a las elecciones municipales del mes de mayo en Catalunya se abordara desde las distintas opciones políticas y de forma pública y contrastada la visión que cada candidatura tiene sobre las prioridades en materia de transporte público, así como la forma de acometerlas y de financiarlas. Incluso sería conveniente el compromiso de asunción de responsabilidades sobre su ejecución para que los proyectos de movilidad no resulten un brindis al sol, de forma que el ciudadano pueda decidir su voto con garantías. La necesidad de contar con un sistema de transporte público eficiente y adecuado al terreno –y por tanto alejado de proyectos faraónicos y poco rentables, como los ha habido– no sólo es una cuestión fundamental económicamente hablando, sino también de una gran rentabilidad social, que es mucho más importante y necesaria.