Parado en el Congreso
Pasado más de un año de la firma del pacto de Estado contra la Violencia de Género, más del 80% de sus medidas no se han implantado
Cuando se van a cumplir 14 meses de la aprobación, por parte del Congreso de los Diputados del pacto de Estado contra la Violencia de Género aún no se han implantado más del 80% de las 214 medidas que acordaron todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.
En el decreto ley que el Gobierno socialista aprobó en agosto se devolvieron las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos, se ampliaron los mecanismos de acreditación de las víctimas y se modificó la ley para que las ayudas que reciben las mujeres sean compatibles con otras. Además, se incluyeron medidas para que los hijos de víctimas no necesiten el permiso del maltratador o asesino para recibir atención psicológica y se permite a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.
Todas ellas son medidas “urgentes” del pacto, tal y como las presentó el Gobierno. Sin embargo, el contenido del decreto ley no convenció a la mayoría de los partidos que, si bien, apoyaron su convalidación por unanimidad, también pidieron que se tramitara en el Congreso como una proposición de ley para poder incluir en la norma otros puntos del acuerdo.
Así, en las enmiendas que los partidos han presentado, se recogen otras iniciativas como la inclusión como víctimas de violencia machista a las madres de niños asesinados por sus parejas; permitir que las víctimas tengan ayudas y protección desde el momento en que se dicte la sentencia en primera instancia; prohibir a los menores ir a visitar al maltratador a la cárcel.
PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, coinciden en la necesidad de acelerar estas iniciativas en concreto. Pero además, cada formación ha puesto prioridad en otros puntos. Así, el PP quiere un mayor control del cumplimiento del Pacto por parte de la Comisión de seguimiento creada en el Congreso.
“Echamos de menos información por parte del Gobierno”, asegura la portavoz de Igualdad del PP, Carmen Dueñas, quien ha destacado que fueron los socialistas quienes más insistieron en la creación de este órgano de control que ahora “está paralizado”. Esta comisión sólo se ha reunido dos veces.
Ciudadanos, por su parte, quiere incorporar a este control a la Alta Inspección Educativa, sancionar el sexismo en centros deportivos, formación para el personal sanitario o una mejora de protocolos y prevención del acoso sexual laboral, entre otras medidas que han presentado como enmiendas. A su juicio, la labor que ha hecho el Gobierno hasta ahora es “insuficiente”.
Desde el PSOE, quieren incluir ya en este proyecto de ley facilidades para que los hijos de víctimas de violencia machista puedan eliminar el apellido del maltratador o asesino; mientras que Unidos Podemos propone establecer por ley la inversión del Estado en esta materia en los presupuestos generales del Estado.
“No hay ni una sola medida que costase un euro que se haya puesto en marcha”, ha denunciado la portavoz de igualdad del grupo confederal, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, para añadir que “sin dinero no se pueden hacer políticas de calidad”.
También a través de un decreto ley, el Gobierno ha aprobado una reforma de la ley del Poder Judicial para la formación de jueces. Durante su tramitación en el Congreso como proyecto de ley, esta medida ha recogido en su texto que la violencia de género pasará a ser una especialidad más, como penal o mercantil.
“Ahora mismo hay 600 jueces recibiendo formación continuada sobre esta materia”, explicó en el último pleno la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Esta norma se encuentra ahora en su fase de tramitación en el Senado. En materia judicial, destaca la creación de la comisión que está estudiando la reforma del Código Penal en materia de violencias sexuales, una decisión, que puso en marcha el gobierno del PP tras la sentencia de La Manada.
El decreto ley con las medidas del pacto no convenció a los partidos, que pidieron más tiempo